Un controvertido Decreto de Urgencia
El desabastecimiento y la carestía son los argumentos del Ministerio de Salud (Minsa) para la promulgación de un controvertido Decreto de Urgencia, que incluso ha obligado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a presentar una serie de objeciones. Es necesario aclarar que el desabastecimiento se da en el sector público y la supuesta carestía en el sector privado. El abastecimiento adecuado, oportuno y con medicamentos de calidad en los 8,000 establecimientos farmacéuticos, distribuidos en cada uno de los 1,860 distritos que tiene el Perú, se convierte en la mejor herramienta para anclar hacia la baja los precios de los medicamentos en el mercado privado.
Como ya se ha analizado y explicado, el gobierno pretende, a través de un controvertido Decreto de Urgencia, crear un órgano logístico cuyos detalles aún no se han dado a conocer, y además autoriza la compra a través de organismos intergubernamentales internacionales (como OPS, Unicef y Unpfa), con la correspondiente comisión, sin tope de dinero y sin ningún mecanismo de fiscalización. Se agrega la obligatoriedad de las farmacias y boticas privadas a mantener una disponibilidad de medicamentos genéricos, además de multas y sanciones, entre otros.
El gobierno pasa por alto que casi la totalidad de fármacos que mantiene en stock una farmacia y botica es genérico. Los medicamentos innovadores son pocos. El problema no es el llamado medicamento genérico en sí, sino la eficacia, la calidad y el precio. Sin embargo, el Minsa aún no acredita la bioequivalencia y la intercambiabilidad de los medicamentos. Falta garantizar que el original y la copia son idénticos y equivalentes desde el punto de vista terapéutico. El Minsa debe colocar el sello, similar al octógono que se coloca en los alimentos, que acredite que un medicamento es bioequivalente e intercambiable. Solo a partir de ese momento el médico podría saber qué receta y el paciente qué consume.
Esa falencia del Minsa es cubierta por las propias empresas farmacéuticas al agregarle una marca al genérico de su producción, con la finalidad de dar una señal de eficacia y calidad a los consumidores, a los pacientes y a los médicos. Mientras que el Minsa no acredite la eficacia y calidad de los genéricos es imposible que las empresas eliminen el concepto de genérico de marca. Menos aún, que se pueda exigir al médico que asuma responsabilidad profesional sobre un fármaco cuya eficacia y calidad desconoce.
Un segundo aspecto es que a partir de la promulgación del cuestionado Decreto de Urgencia se crearía el concepto de “genéricos esenciales”, que englobaría a un grupo de genéricos que, por su importancia y necesidad, siempre deben estar en los anaqueles de las farmacias y boticas privadas. Este requerimiento adicional pondrá en aprietos a las farmacias y boticas pequeñas, que no pertenecen a las grandes cadenas, no solo por el sobrecosto en la inmovilización permanente de stocks, sino también por el impacto de la aplicación de sanciones y multas. Es decir, se favorecería la concentración y la posición de dominio de las grandes cadenas.
Un tercer aspecto es que en el Perú no existe control de precios. El precio de un medicamento genérico está sujeto al mercado. Si el gobierno introduce por Decreto de Urgencia la inmovilización en las farmacias y boticas de una cantidad de fármacos llamados “genéricos esenciales”, significa que está dispuesto a que el costo de esa inmovilización sea transferido al consumidor. Además, también está dispuesto a aceptar que en ese stock de medicamentos “genéricos esenciales” se incluyan los “genéricos de marca”, por cuanto no hay control de precios. El gobierno debería ser consciente de que es probable que el Decreto de Urgencia provoque un alza del precio de los medicamentos llamados “genéricos esenciales”. Es decir, el efecto contrario al deseado.
Un cuarto aspecto es el alto grado de falsificación de medicamentos. Algunos analistas señalan la cifra en 15% y otros hasta el 30% del mercado farmacéutico. Los llamados medicamentos “bamba” representan un grave riesgo para los pacientes y usuarios, para los médicos y para el mercado farmacéutico. Sin embargo, el Minsa no hace lo suficiente, debido a la escasa capacidad operativa, para la fiscalización y el control no solo contra los medicamentos “bamba”, sino contra todas las actividades relacionadas al medicamento.
Un quinto aspecto está relacionado con la evaluación del costo-beneficio de la fiscalización del cumplimiento de la disponibilidad de medicamentos “genéricos esenciales” en los anaqueles de las farmacias y boticas. El Minsa no ha cuantificado a cuánto ascenderá el gasto en la creación de las nuevas brigadas de control, de la recepción y tramitación del reclamo, además del gasto para fiscalizar el buen desempeño de los funcionarios y la prevención del soborno y la corrupción. La paradoja es que el propio Minsa ha señalado que serían unos treinta productos, genéricos esenciales y, por lo tanto, el ahorro al ciudadano sería mínimo. Pero para el Estado el gasto en fiscalización y control sería cuantioso. El próximo Congreso de la República tendrá una ardua tarea en este tema.
