Los problemas para la obtención del Certificado de Discapacidad
El 30 de octubre, durante la clausura de la “Jornada por la integración social, laboral y deportiva de las personas con discapacidad”, según el diario oficial El Peruano, la ministra de Salud, Kelly Portalatino Ávalos, resaltó su “compromiso de cerrar las brechas que existen en la emisión del Certificado de Discapacidad en el ámbito nacional… Trabajaremos para que los médicos certificadores lleguen hasta donde están las personas con discapacidad y les puedan brindar oportunamente el certificado de discapacidad que requieren. Queremos acabar con la burocracia y que no haya demoras”. También afirmó que “tanto entidades públicas como privadas no cumplen con la cuota laboral. Este derecho fundamental se debe cumplir; por ello, invocamos a los gobiernos regionales y locales a participar de las políticas públicas de salud en el país, en beneficio de esas personas”.
La nota de prensa que publicó el diario oficial El Peruano, tiene como fuente a la Dirección de Prevención y Control de Discapacidad del Minsa, y muestra algunas cifras que grafican la situación del otorgamiento de los certificados de discapacidad. “En el Perú existen 1. 67 millones de personas con discapacidad. De este total 351,655 –es decir, el 21%– ha obtenido su Certificado de Discapacidad hasta septiembre de este año. Cabe precisar que el 66% de personas certificadas presenta discapacidad severa (221,054), el 25.73% discapacidad moderada (98,905) y el 8.2% discapacidad leve (31,696)”.
Las cifras demuestran contundentemente la existencia de brechas en la emisión de certificados de discapacidad. Esta situación refleja las dificultades que deben sortear las personas para acceder a los mecanismos de inclusión que organiza y gestiona el gobierno. Como se puede apreciar, el gobierno se ha convertido en un factor que impide el ejercicio de los derechos de la mayoría de las personas con discapacidad. El Certificado de Discapacidad es indispensable, por un lado, para ingresar al Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que es la llave para que el Ministerio de Inclusión Social (Midis) le otorgue la pensión del Estado (S/ 300 cada dos meses), a través del denominado “Programa Solidario Contigo”, para la discapacidad severa. Para ello es necesario acreditar que no se posee otro subsidio de otras instituciones, como EsSalud, y que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Por otro lado, el Certificado de Discapacidad también es indispensable para hacerse acreedor de la cuota laboral por discapacidad a que están obligadas las empresas privadas (3%) y públicas (5%) en sus planillas laborales.
Faltan médicos especialistas para atender todas las solicitudes. Por tanto, las personas con discapacidad deben sortear una serie de listas de esperas (colas) para el cupo de atención para obtener el Certificado de Discapacidad, que es requisito indispensable para que ejerzan sus derechos ciudadanos. Ante la incapacidad del Estado para ofrecer servicios y profesionales para cumplir con ese requisito, se debe buscar otros mecanismos más ágiles para evitar que se conviertan en una barrera o un obstáculo. Parece poco creíble que sea exprofeso, pero en la práctica se ha convertido en un mecanismo de exclusión y de ahorro para el Estado y para las empresas privadas y públicas, así como para otras entidades e instituciones involucradas con las personas con discapacidad.
Por otra parte, al no haber suficientes médicos especialistas se ha autorizado a los médicos generales, denominados certificadores, que cumplan esa función, pero no resuelven la escasez debido a aspectos muy técnicos. Por ejemplo, la existencia de contradicciones entre los estándares del “modelo peruano de certificación” que es una mezcla entre los estándares de la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la OPS) del año 2001 y los estándares DMM (Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la OMS) del año 1976. Este último clasificador (DMM) está centrado en la persona, mientras que en el primero (CIF) está centrado en el rol de la sociedad que, por acción u omisión, se hace responsable de la exclusión o inclusión de las personas con discapacidad.
El “modelo peruano de certificación de discapacidad” aprobado y surgido por la Ley 29973 y su Reglamento, es una mezcla entre clasificadores DMM y CIF que, como se ha analizado, resultan contradictorios en algunos aspectos. Por tanto, su aplicación ha generado vacíos en la validación de los baremos (escala de valoración), en la metodología para validar el nuevo certificado de discapacidad y en la determinación del porcentaje de menoscabo de las personas con discapacidad. Esas contradicciones que se examinan, caso por caso, exigen la participación de profesionales especializados, cuya experiencia y nivel profesional subsane las deficiencias del “modelo”, con riesgo de afectar, por la discrecionalidad, los derechos de los usuarios. La participación de los médicos generales, denominados “certificadores”, ha amplificado estas deficiencias y, en consecuencia, a veces estos certificados son rechazados porque no son útiles para la inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.
Cómo se puede apreciar, no se trata de “acabar con la burocracia”, sino de ponderar la pertinencia del Certificado de Discapacidad y de ampliar la oferta de los servicios. Tampoco se trata de “trabajar para que los médicos certificadores lleguen hasta donde están las personas con discapacidad”, quizá en los centros y puestos de salud y mediante campañas, que ya se han realizado, con altos costos y magros resultados. Al contrario, es necesario rediseñar el proceso que involucra también a los usuarios de la seguridad social, que debido a su autonomía constitucional no deberían ser afectados. Es necesario incluir al Seguro Integral de Salud en las prestaciones económicas y sociales, en lugar que lo haga el Midis. Por último, es imprescindible restituir el componente técnico y meritocrático de los funcionarios del Minsa. El puesto de director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Discapacidad del Ministerio de Salud debería estar a cargo de un médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación con experiencia en gestión sanitaria. ¡Alto a la violación de los derechos humanos!
