La actual gestión ministerial ha equivocado la misión del Estado
La creatividad para armar vericuetos burocráticos por parte de la actual gestión ministerial ha generado nuevas barreras que impiden el ejercicio del derecho a la salud de los ciudadanos, a contracorriente de las políticas iniciadas el año 2016, expresadas en las propuestas de destrabar, desburocratizar y transformar. La espera por atención médica en nuestro país ha cobrado ribetes surrealistas.
Un niño de siete años que requiere atención en urología pediátrica, que vive en San Martin de Porres, afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) y que debe ser atendido en el Instituto de Salud del Niño (Hospital de Niño) por esta subespecialidad médica, tiene que sortear una serie de barreras burocráticas. A pesar de que ya tiene diagnóstico y requiere un procedimiento especializado que no se hace en el primer nivel de atención de salud (centros de salud), debe solicitar cita en el centro de salud más cercano a su domicilio. Luego de días de espera para obtener la cita, el centro de salud otorga la referencia para que atiendan al niño en el Hospital Cayetano Heredia, a través de aplicativos informáticos que tardan de 15 a 20 días para responder el pedido. Si la referencia está bien elaborada y es pertinente, se le otorga cita para 30 o 40 días después. Pasado ese tiempo, el Hospital Cayetano Heredia, que tampoco resolverá el problema médico, deberá remitir al niño al Instituto de Salud del Niño, a través del referido aplicativo informático; es decir, para 30 o 40 días después. El tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el posible tratamiento agrava la evolución natural de la enfermedad, la salud del niño y hace peligrar el éxito terapéutico. El ejemplo del niño es válido para cualquier edad y especialidad.
La actual gestión ministerial ha transformado el documento de referencia de pacientes en una mera solicitud que debe ser aprobada por la instancia burocrática hospitalaria. La solicitud debe lidiar primero con los requisitos de forma para, luego de aprobados, verificar los temas de salud y médicos. Un simple defecto en el llenado, letra poco legible o la desidia del digitador de los formatos, puede hacer que el documento de referencia termine en las papeleras de los funcionarios o en el rechazo de la referencia.
Las barreras burocráticas solo las deben sortear los afiliados al SIS. Los usuarios o pacientes que pueden pagar las atenciones y los procedimientos médicos con su propio bolsillo pueden obviar todos los trámites y recibir las atenciones en modo directo. Es decir, son barreras contra los pobres y representan una inaceptable discriminación.
La violación de los derechos de los pobres y vulnerables no se podría consumar si, de manera previa, no se violan también los derechos de los médicos y de su ejercicio profesional. Es lo que ha ocurrido con la actual transformación de una decisión clínica del médico tratante del primer nivel de atención en una mera solicitud ante la burocracia del segundo nivel de atención —es decir, del hospital—, y a su vez la del médico del hospital, frente al tercer nivel de atención de salud, es decir la del instituto especializado.
¿Cómo es posible que el médico tratante no pueda ejercer su autonomía para una referencia racional y deba, de manera obligatoria, seguir una irracional ruta administrativa que atenta no solo contra la eficacia terapéutica, sino también contra la salud de sus pacientes? ¿Qué ha sucedido dentro de la gestión ministerial para que los requisitos administrativos tengan preeminencia frente a las necesidades de salud del paciente?
Es obvio que la actual gestión ministerial ha equivocado la misión del Estado. Es necesario recordar que cuando los servicios de salud del Estado fallan, los ciudadanos pobres y los vulnerables quedan en la indefensión total. Sin embargo, cuando los servicios privados fallan, los usuarios, aún los no pobres, tiene la alternativa de acudir a los servicios estatales o públicos. La incomprensión de esa “pequeña” diferencia, entre el sector público y el privado, es a veces tolerable para alguien ajeno al sector salud. Sin embargo, es rechazable e inhumana para aquellos que son profesionales de la salud y, más aún, “poseen experiencia” de gestión.
El Minsa tiene la obligación inmediata de corregir la forma como se realizan las referencias y contrarreferencias de los pacientes, normar en función de los ciudadanos con respeto irrestricto de los derechos humanos, fortalecer el primer nivel de atención, otorgarle mayor capacidad resolutiva, implementar las Redes Integradas de Salud. Solo entonces los propios pacientes acudirán cerca de su domicilio por comodidad y por libre elección. Se debe eliminar la frase “anillos de contención” del vocabulario de la burocracia, para referirse al impedimento de los usuarios de llegar a los hospitales. El Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y el Colegio Médico del Perú no deben bajar la guardia. Tienen tarea pendiente.
