Actual gestión ministerial ha generado mayores niveles de insatisfacción
El 22 de agosto del 2019 la prensa informó que en el Centro de Salud Los Libertadores, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, la “familia de un paciente agredió a médico por demora en atención”. Además agregaba que “luego de arremeter contra el consultorio habrían continuado con las oficinas de admisión y archivo”. En declaraciones a la prensa, el subdirector de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte (Diris), confirmó los hechos. Al siguiente día, a través de un frío, impersonal y extenso comunicado, la Diris Lima Norte relató las acciones policiales y administrativas para la operatividad y seguridad del establecimiento de salud.
La natural reacción es rechazar el hecho de violencia, exigir la dotación de mayores niveles de seguridad y que se castigue a los responsables. Sin embargo, esa respuesta, a pesar de ser correcta, es incompleta. Es necesario analizar el contexto y la organización sanitaria en que se ha producido el hecho; es decir, la estructura y el funcionamiento del Minsa.
Salta en modo inmediato el cuestionamiento de diversos aspectos de la organización sanitaria, como el sistema de otorgamiento de citas, y las referencias y contra referencias, el muro de contención para frenar la afluencia de los pacientes a los hospitales. La distorsión de la esencia de la referencia médica, que es un acto médico, la transforma en un mero acto administrativo. La escasez de profesionales de la salud, la falta de equipos e insumos, y la indefensión legal de los médicos ante los atropellos de funcionarios del Minsa y de algunos pacientes. Existe una violencia estructural contra los médicos, pacientes y usuarios de los servicios de salud.
La actual gestión ministerial ha endurecido la violencia estructural, con respuestas que han generado mayores niveles de insatisfacción, quejas, reclamos y, cómo se ha visto, incluso violencia. Es poco probable que un ciudadano pobre que requiera atención médica se quede de brazos cruzados ante una respuesta negativa de atención por parte del establecimiento de salud que se le ha asignado. Eso es frecuente, y las protestas también.
Ahora el paciente esta adscrito a un establecimiento de salud cerca de su domicilio. Si se dirige sin el documento de referencia a otro establecimiento, su atención médica y de salud es negada. La única salvedad de esa regla sería una situación de emergencia. Además, si el ciudadano, a pesar de estar afiliado a algún tipo de seguro médico, quisiera atenderse con pago de su propio bolsillo, es decir cómo un usuario no asegurado, tampoco es admitido. La constatación vía electrónica de ser afiliado a un seguro de salud implica su negativa y la necesidad del usuario de dirigirse para ser atendido al establecimiento al que está adscrito.
En el modelo que ejecuta la actual gestión ministerial, el usuario adolece de libre elección. Es una violación de un principio fundamental del derecho a la salud. Además, existe una enorme brecha entre las normas y la realidad. Los establecimientos del primer nivel de atención de salud adolecen de las mínimas condiciones para resolver la demanda de los usuarios que tienen adscritos. La escasez se traduce en colas o listas de espera interminables; no solo para atención médica, sino también para ser referidos a otro establecimiento de mayor complejidad, que está preestablecido. El médico tratante tampoco tiene la posibilidad de elegir a qué establecimiento será referido al usuario, muy a pesar de saber que al lugar que lo refiere no tiene la capacidad de resolver las necesidades del paciente. Es decir, existe una violación del médico a la libre elección; pero también, a la esencia del acto médico, por haber convertido el documento firmado por el médico, llamado referencia, en un mero formato administrativo.
Además, no ha habido la preocupación, por lo menos, de realizar un estudio de impacto de la demanda en cada uno de estos establecimientos “obligatorios” y dotarlos de la capacidad resolutiva para cubrir esa demanda adscrita. El tormento al que son sujetos los usuarios y pacientes del Minsa no tiene límites. Sin embargo, las descabelladas decisiones tomadas por los altos funcionarios no tienen rostro para la población. Nadie da la cara. Se esconden en el anonimato que otorga la estructura organizacional del Minsa. La única cara visible es la del médico tratante y, por tanto, es el objeto de la ira y la impotencia de los pacientes y usuarios.
El Minsa está en la obligación de revisar de inmediato su estructura organizacional y su funcionamiento. La profesión médica debe dejar constancia de la arbitrariedad de los funcionarios y ponerse de lado de los pacientes y usuarios. Abstenerse de realizar actos médicos si las condiciones no fueran las adecuadas y evitar el conflicto. La Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República deben mejorar su capacidad fiscalizadora. Además, es necesario que se apruebe y promulgue la Ley que otorga protección a los médicos y duras penas para sus agresores.
