Gobierno debe fortalecer la seguridad de las certificaciones virtuales
El 14 de octubre del 2022, Radio Programas del Perú (RPP) señaló que “Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea en Breña, donde el presidente Pedro Castillo realizó diversas reuniones y para quien el Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar, figura como fallecido ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)”. Según RPP, habría sido registrado como fallecido el 11 de octubre, fecha coincidente con el día en que “se dio el operativo Valkiria II ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional para su captura”. Asimismo, el médico que figuraba como certificador de esa “muerte” negó que la haya certificado, y afirmó que “esa información es falsa”. Por otro lado, el 13 de octubre, Alejandro Sánchez publicó: “No voy a permitir que me pongan en la cárcel tres años y después me digan que no tengo ningún delito”. Y también cuestionó el actuar de los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial e indicó que la orden de detención en su contra es “parte de una persecución”.
En una conferencia de prensa, Carmen Velarde, jefa Institucional de Reniec, informó que desde el 25 de septiembre del 2022 se habían detectado certificados de defunción de personas que no habían fallecido. Asimismo, que había tomado contacto con el Ministerio de Salud (Minsa) para que dé a conocer a todos los usuarios médicos de la plataforma virtual, y que había solicitado reuniones en diversas oportunidades, las que fueron aplazadas hasta que por fin la hicieron el 11 de octubre, pero, sin la presencia del ministro de Salud. Recordó que, a partir del 2015 Reniec, en colaboración con el Minsa, crearon la plataforma virtual denominada Sinadef para la certificación en línea de las defunciones, según las pautas que el Minsa daba. El Minsa solicitó al Reniec las claves y los usuarios para ser entregados a los médicos para que puedan emitir el certificado de defunción, porque son los únicos que están habilitados para saber si una persona ha fallecido.
Sin embargo el Minsa, contrariamente a la ley, desde el año 2016 autorizó, mediante resoluciones ministeriales (RM 280-2016/Minsa y la RM 214-2017/Minsa), que los certificados de defunción sean expedidos por médicos, obstetras, enfermeras, técnicos y auxiliares de enfermería u otro personal autorizado. Incluso en las definiciones operativas y el artículo 5.6 de la directiva que establece el procedimiento para la certificación de las defunciones aprobadas por la resolución Ministerial 280-2016/Minsa, señala que “el certificado de defunción general es el documento público que certifica o constata oficialmente el fallecimiento de una persona, y es expedido por los profesionales de la salud o personal de la salud autorizado”.
Otro aspecto que no debe pasar desapercibido es que según la RM 214-2017/Minsa, en el caso de las “muertes por causa externa”, que son aquellas “producidas por lesiones provocadas por violencia (homicidio, suicidio, accidente o muerte sospechosa de haber sido provocada)”, los encargados de certificar la muerte son las divisiones médico legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. En consecuencia, la certificación de la muerte ocasionada por suicidio, como fue el caso del dueño de la casa de Sarratea, debió haberse realizado en las divisiones médicos legales antes aludidas. Y como eso no ha ocurrido, el Reniec bien pudo haber declarado improcedente ese certificado de defunción. Igual procedimiento han tenido otros casos de personas que han denunciado haber sido declarados muertos por “causas externas”.
Otro aspecto es que durante la pandemia Covid-19 se produjeron controversias con relación al número de fallecidos, debido a que se disminuyó la importancia como fuente de información al certificado de defunción otorgado por los médicos o la Fiscalía y a los registros del Sinadef. Para tal fin se usaron el Noti-CDC (vigilancia epidemiológica), SisCovid (pruebas serológicas) y NetLab (pruebas moleculares) y el Sinadef (Minsa-Reniec). Según el diagrama presentado por la exministra de Salud Pilar Mazzeti el 9 de julio del 2021, en la “Comisión Investigadora Multipartidaria para establecer el número real de fallecidos a causa del Covid-19” se concluye que “los datos (números) de los fallecidos eran consensuados antes de su presentación al público desde Palacio de Gobierno”(*).
El tema es mucho más complejo porque los registros de cada uno de los ciudadanos que posee Reniec han sido utilizados para los subsidios económicos directos, para la vacunación contra el Covid-19 y otros mecanismos de ayuda directa que posee el gobierno. Así como se ha detectado “filtraciones” o falsedades para las defunciones, deberían auditarse los registros de nacimientos o de poblaciones vulnerables y de discapacitados.
En ese contexto, la jefa Institucional de la Reniec remarcó que durante la pandemia se otorgaron las actas de defunción en línea; sin embargo, el Minsa tenía que resguardar la seguridad de los usuarios del Sinadef. Pero como hemos visto, eso no ha ocurrido. Luego de las denuncias de los “falsos” muertos ha eludido su responsabilidad por la custodia de la seguridad de los “66,000 usuarios” que certifican las defunciones. En ese sentido, ha suspendido la emisión de actas de defunción virtual de oficio, para volver a hacerlo con papel impreso, firmado y sellado por el médico y tramitado por los interesados en las oficinas del Reniec. La decisión es radical pero proporcional al daño producido.
El gobierno y el Minsa deben corregir los desatinos, y fortalecer la seguridad de las certificaciones virtuales, con el uso del DNI electrónico, con claves y contraseñas seguras, para retornar al sistema virtual, que es indispensable para otorgar seguridad jurídica a los hechos vitales de los ciudadanos, para conocer la situación de salud del país, para formular políticas sanitarias públicas y mejorar las estadísticas con la contribución científica e informada de los médicos. El gobierno y el Minsa deben corregir y dejar de eludir su responsabilidad frente al Perú. ¡El Congreso, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo tienen una gran tarea!
* https://www.elmontonero.pe/columnas/mazzetti-y-el-numero-de-fallecidos-por-covid
