El problema del centralismo en las políticas públicas
El 10 de diciembre de 2022 juramentó la nueva ministra de Salud, Rosa Bertha Gutiérrez Palomino. Ella ha reemplazado a la médica Kelly Portalatino Ávalos, que solo ocupó el cargo de ministra por 41 días, hasta el 7 de diciembre, fecha en que el expresidente Pedro Castillo, dio un golpe de Estado fallido que motivó su vacancia y encarcelamiento “en flagrancia”.
La nueva ministra Rosa Gutiérrez, es médica, especialista en administración de salud y tiene dos maestrías, una en salud pública y la otra en gerencia de servicios de salud. Asimismo, cuenta con dos doctorados, uno en Medicina y el otro, en Políticas Públicas y Gobernabilidad. También posee estudios de especialización en proyectos de inversión pública e infraestructura hospitalaria. Su experiencia laboral ha estado ligada a los tópicos de su desarrollo académico. Ha sido directora general de Operaciones del Ministerio de Salud (Minsa), durante el gobierno castillista, pero, también, ocupó una dirección general, en el desactivado Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS).
En el aspecto político, formó parte del equipo del expresidente Martin Vizcarra, al ocupar la Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales de su partido en formación. Por otro lado, ha designado en importantes cargos del Minsa a exfuncionarios ligados a la denominada reforma del aseguramiento mercantilista, incluso, ha designado como director de la Escuela Nacional de Salud Pública al dos veces exministro Oscar Ugarte, que es un puesto clave para la orientación estratégica del Minsa.
En ese contexto, el 31 de diciembre del 2022, se ha promulgado la Resolución Ministerial 1107-2022 Minsa, que “crea el Laboratorio de Políticas Públicas en Salud (MinsaLab) al amparo de la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Ceplan (DL 1088), de la Política de Estado 13, “Acceso universal a los servicios de salud y a la Seguridad Social” del Foro del Acuerdo Nacional, de la Ley de Organización y Funciones del Minsa y sus modificatorias (DL 1161, Ley 30895 y DL 1504) y los Lineamientos de Organización del Estado (DS 054-2018-PCM).
El denominado “Laboratorio de Políticas Públicas”, es un grupo de trabajo sin personería jurídica, creado a través de la Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos del Minsa, para realizar funciones de elaboración de propuestas normativas, instrumentos, entre otros productos específicos, que, como es obvio, “sus conclusiones carecen de efectos jurídicos sobre terceros,” pero sí, tienen como finalidad, contribuir al logro de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, País Saludable” (DS 026-2020-SA).
El grupo de trabajo “MinsaLab”, tiene una vigencia de 2 años y está conformado, por los dos viceministros, doce directores generales, el director de la Escuela de Salud Pública, el jefe de Susalud, del Seguro Integral de Salud (SIS), del Instituto Nacional de Salud (INS), y del Instituto de enfermedades Neoplásicas (INEN), así como, del Programa Nacional de Inversiones (Pronis) y del Programa de Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS).
La norma autoriza “la convocatoria, en calidad de invitados, a representantes de otras entidades públicas o privadas, instituciones académicas, de investigación y organizaciones no gubernamentales,” también, puede “solicitar opinión, apoyo, asesoramiento y aporte técnico de entidades públicas o privadas nacionales e internacionales.»
La elaboración de políticas públicas en salud, que sean explícitas y normadas, es el supuesto indispensable para fortalecer la rectoría del Minsa, no solo sobre su propio sector, sino sobre el Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, según el artículo 7 inciso d) de la Ley que fortalece la función rectora del Minsa (Ley 30895), cumple con “ejercer la potestad sancionadora por transgresión o incumplimiento de las políticas nacionales sectoriales y normas sanitarias del nivel nacional. La regulación y tipificación de las infracciones y sanciones se establecen mediante reglamento.”
Asimismo, en los alcances de la rectoría, según el artículo 4-A, de la misma norma, se señala que el “Minsa, en su condición de ente rector y dentro del ámbito de sus competencias, determina la política, regula y supervisa la prestación de los servicios de salud a nivel nacional en las siguientes instituciones: EsSalud, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás instituciones públicas, privadas y público-privadas.” En consecuencia, la ausencia de políticas públicas y normas sanitarias, como ocurre ahora, implica la incapacidad del Minsa de ejercer su rectoría y su potestad sancionadora en modo objetivo y razonable.
Sin embargo, parece poco comprensible, que las instituciones o entidades públicas o privadas (artículo 4-A ya señalado) que son sujeto de la rectoría del Minsa, no participen en el Grupo de Trabajo MinsaLab. También, que no se haya involucrado al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud, cuyos comités permanentes o los que podrían crearse, alcancen los consensos necesarios en la elaboración de estas políticas públicas y normas sanitarias. Enfocarse, solo en el interior del Minsa, implica un grave error, debido a los serios cuestionamientos de la población y de los gobiernos regionales y locales contra el centralismo y las decisiones al margen de sus opiniones.
Por otro lado, es cuestionable, que a pesar que la norma cita al Foro del Acuerdo Nacional, que ha ratificado, hasta en tres oportunidades, durante los últimos 20 años, el consenso para avanzar hacia la seguridad social universal, el grupo de trabajo se empeñe en plasmar los objetivos del Plan al 2030, “Perú, País Saludable” (DS 026-2020-SA), que promueve, entre otros aspectos, la implementación del cuestionado y rechazado aseguramiento mercantilista, porque presupone la destrucción de la seguridad social.
En esa línea, para el corto plazo, la nueva ministra ha propuesto, transferir 2,126 millones de soles, para fortalecer el aseguramiento mercantilista, realizar en el primer trimestre 20 millones de prestaciones médicas, convocar un concurso para 926 médicos especialistas y 2,017 plazas para cerrar brechas de personal, y “desembalsar” las cirugías pendientes, mediante el envío de especialistas a las regiones, como ocurrió en el desactivado IGSS, con el Plan Más Salud (RM 765-2014/Minsa), aunque, es de esperar que no se repitan los desaciertos y la “opacidad” de esa experiencia. ¡Cuidado con el centralismo en las políticas públicas!
