Los «derechos básicos de la gente»
El 25 de octubre del 2021, el nuevo gabinete se ha presentado en el Congreso de la República para plantear la cuestión de confianza. Esta presentación, a diferencia de otras de su tipo, se ha dado luego que, mediante Decreto Supremo 164-2021, se había ya promulgado la política general de gobierno. En ese sentido, la exposición ha buscado no tener sorpresa alguna, e incluso ha planteado un pacto de gobernabilidad, denominado “Un Renovado Pacto Constitucional”. Sin embargo, ha dejado de lado, la posición de su gabinete frente a la Asamblea Nacional Constituyente, al modelo económico, la creación del Estado Plurinacional y la remoción de algunos ministros y funcionarios cuestionados. Además, ha pasado por alto, que cualquier pacto de gobernabilidad se basa, en unos cuantos asuntos de Estado, muy acotados y esenciales, como, por ejemplo, aquellos que ha dejado de lado. Eso sí, ha remarcado que el país atraviesa una severa crisis sanitaria y de crispación política.
La exposición de la presidente del Consejo de Ministros ha sido prolongada, llena de neologismos y explicaciones ampulosas, con enumeración de promesas sin contraparte presupuestal. Ha sido diseñado para aparentar ser un discurso de gestión de las promesas, sin embargo, no ha logrado ese objetivo, debido al mensaje reiterativo del “nuevo pacto social”.
En relación con la salud se ha referido a cinco aspectos dentro de los “derechos básicos de la gente”. Parece incomprensible el concepto denominado “derechos básicos de la gente”. La ambigüedad frente a la exigencia de los derechos humanos parece ser intencionada. Por un lado, da la impresión de una irrestricta defensa de los derechos humanos, pero, por otro, la referencia a “derechos básicos de la gente” alude al ejercicio de una especie de “derechos humanos con estándares disminuidos”, en clara promoción de la discriminación y la exclusión social. No sería creíble esta última postura, si no se tomara en cuenta que en el Perú se pretende implementar el modelo de aseguramiento mercantilista en salud, que calza con exactitud en la definición de “derechos básicos de la gente”. Es decir, un “seguro” médico para pobres, solo para las enfermedades comunes y baratas incluidas en un listado denominado “Plan Esencial de Aseguramiento” (PEAS), mediante la compra de prestaciones, bajo mecanismos abreviados y “especiales”, casi como adjudicación directa, por la escasez de proveedores y la alta especialidad. Ese neologismo, aleja el compromiso del Perú, con la seguridad social universal en salud, ratificado, por el Foro del Acuerdo Nacional desde el 2002, que implica el ejercicio integral de los derechos humanos a la salud y a la seguridad social, mediante prestaciones de salud, económicas y sociales para toda la gente, en todo el territorio nacional, y para todas las enfermedades, así como, en la promoción de la salud, la medicina preventiva y la intervención en los determinantes económicos, sociales y culturales en favor de la salud.
El primero de los seis aspectos tratados dentro “los derechos básicos de la gente”, es potenciar las acciones de lucha contra la pandemia del Covid-19. Para ello plantea fortalecer la “vacunación y la atención hospitalaria óptima”. En relación con la vacunación ha planteado que “el Perú promoverá un acuerdo mundial de acceso universal a las vacunas”, que éstas “sean considerados bienes públicos globales” y que “se debe transferir el riesgo de adquisición y aplicación de vacunas a través de operaciones financieras o de seguros, para avanzar hacia una reforma de la gobernanza sanitaria global…” Luego, en tono triunfalista señaló que el 52% de los peruanos ya han recibido dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y que se crearán 130 centros de vacunación hasta julio del 2022. La prioridad por mejorar la estrategia de vacunación nacional ha sido superada por la inserción en la “agenda globalista” de la geopolítica de la vacuna, que se disputa en la arena internacional. Sin embargo, se ha pasado por alto, que aún persiste baja cobertura de vacunación en las comunidades nativas u originarias, altoandinas y poblaciones aisladas y dispersas. En relación con la atención hospitalaria, ha prometido que “se contará con más de 3,500 camas de hospitalización y centros de atención temporal”, “se acreditará tres nuevos laboratorios moleculares” y “se continuará con el secuenciamiento genómico.” Visto en contexto, es casi nada.
El segundo aspecto ha sido la promesa de presentar un Proyecto de Ley de Unificación del Sistema Nacional de Salud, desde dos perspectivas: la prestación del servicio y el financiamiento” que será progresivo y coordinado con respeto de las instituciones. El objetivo sería disminuir los impactos “negativos de la fragmentación y segmentación”. En el tercer aspecto se ha referido a la construcción de un hospital por 600 millones de soles para San Juan de Lurigancho, que se promete desde hace más de 10 años y la coordinación con los gobiernos regionales de la zona del VRAEM y la puesta en marcha del Plan Nacional de Construcción de Infraestructura Hospitalaria. El cuarto aspecto se refiere al fortalecimiento del primer nivel de atención con más personal, homologación de sueldos y capacitación sobre el modelo del cuidado integral de salud. El quinto es convertir al SIS en el Seguro Universal de Salud de todos los peruanos. Y el último, implementar 300 nuevos centros de salud mental comunitaria. Parece increíble, que luego de más de tres meses de gestión, el mensaje ofrezca solo generalidades y ambigüedades.
En modo abrupto se ha suspendido la sesión del Pleno del Congreso debido al lamentable fallecimiento del congresista por Tacna, Fernando Mario Herrera Mamani del Partido Perú Libre. La confianza se votará el próximo jueves.
