Ministerio Público Poder Judicial investigarán y sancionarán
El 25 de noviembre de 2023, mediante el Comunicado 008 del Jurado Electoral Nacional del Colegio Médico del Perú, se suspendió el acto electoral programado para el domingo 26 de noviembre del 2023. En otras palabras, las elecciones para la renovación del Consejo Directivo Nacional y de los Consejos Directivos Regionales fueron suspendidas en la víspera. La suspensión ha sido comunicada al Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, a la ONPE y a los personeros de las cuatro listas inscritas. La sorpresa en los miembros de la profesión médica fue mayúscula, especialmente luego de haberse conocido los motivos argüidos por los miembros del Jurado Electoral Nacional.
El comunicado señala, en primer lugar, que el Jurado Electoral Nacional “recibió el Informe Técnico 004-2023-PO/CMP que contenía hechos que configuran indicios graves de vulneración del padrón electoral, por lo que acordó denunciar a quienes resulten responsables ante el Ministerio Público, el Consejo Nacional del CMP (a través del decano nacional), el Jurado Electoral Especial y los personeros de las listas inscritas”. Como antecedente señala que el jefe de Planificación y Organización del CMP recibió una queja de parte de una médica que indicó que su padre no había actualizado sus datos; sin embargo, tenía consignado un correo electrónico en el padrón. Por tanto, “informó que denunciará por posible fraude electoral debido a suplantación de identidad”.
A partir de esta queja, se realizó una investigación “interna”, que identificó 921 casos distribuidos por rango de edades de la siguiente manera: entre 60 y 70 años, 33 casos. Entre 70 y 80 años, 477 casos; entre 80 y 90 años, 245 casos y mayores de 90 años, 166 casos. Además, los 921 casos se encuentran “hábiles en el Padrón Electoral y fueron registrados durante los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2023”. Encontraron irregularidades verificadas con llamadas telefónicas, entre las cuales, “12 consignaban números de teléfonos que no existen, 5 casos con número equivocado, 6 casos que no contestaron y 5 casos que no habían actualizado sus datos”. Como recomendaciones del informe, solo aporta una frase muy escueta: “tomar medidas correctivas”.
Como se puede apreciar, la lacónica recomendación del Informe imposibilitaba la toma de decisiones frente al proceso electoral, que, en ese momento, ya estaba en la víspera. Es decir, no esgrimía la posibilidad de que existan otros casos adicionales que ameritaran la suspensión del sufragio o, al contrario, que el proceso electoral podría continuar debido a que la investigación realizada habría detectado “todos los casos de suplantación de identidad”. El informe, no aclara la prolijidad de la investigación y, menos aún, si los resultados son fiables y de ser así, en qué rango.
En segundo lugar, el Comunicado señala que “exámenes adicionales efectuados por el jurado electoral nacional no permiten excluir otras vulnerabilidades del proceso de actualización de datos efectuado». Esta aseveración, no posee informe técnico alguno que la sustente. Se espera que en los próximos días el CMP la sustente y demuestre técnicamente la causa de la decisión de suspender el proceso electoral.
En tercer lugar, mediante el Comunicado 045-2023, sin fecha, del Comité Ejecutivo del CMP, señala que “a solicitud del Jurado Electoral Nacional, la Oficina de Planificación y Organización, con fecha 30 de octubre, hizo entrega de la relación de médicos pendientes de actualización a los representantes de las cuatro listas participantes». Esta acción realizada a petición del Jurado Electoral Nacional es controversial. Por un lado, es difícil apreciar la idoneidad del pedido, si su justificación no se expone al público. Por otro lado, es probable que exista una petición expresa de alguna lista inscrita, por tanto, sería conveniente que el Jurado Electoral Nacional señale, de existir esa petición, cuál ha sido y con qué finalidad. Asimismo, es necesario que se explique porque ha sido necesario que se traslade a los candidatos funciones de “promover” las actualizaciones de datos de los médicos para el proceso electoral, aún pendientes, ya que esa actividad corresponde estrictamente a la administración del CMP.
En cuarto lugar, el Comunicado 008 del Jurado Electoral Nacional del CMP, señala que “los hechos denunciados no son del ámbito de responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni de este Jurado Electoral Nacional». Cómo se puede apreciar esta aseveración más parece un deseo que una realidad. En ese sentido, las investigaciones que se deben ya haber iniciado en el fuero administrativo y ético del propio CMP, luego de un debido proceso, tendrán que pronunciarse. Asimismo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, según señala el propio comunicado del CMP, investigarán y de hallarse culpables, sancionarán. El tema podría complicarse debido a que el Comunicado 045-2023 del CMP ya aludido, es suscrito por todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, entre los que se encuentra, un candidato de una lista inscrita. Es decir, podría darse el caso, que en el proceso de indagación o investigación “sea juez y parte». En ese contexto, deberían tomarse las medidas inmediatas para que eso no ocurra.
A estas alturas, es posible que la Fiscalía ya haya avanzado en sus investigaciones, y quizá, hasta ya tenga presuntos inculpados, sin embargo, corresponde cuidar el debido proceso y evitar “emitir juicios precipitados” que dañen honras innecesariamente. También, se debe tomar en cuenta que la actual gestión culminará el 8 de enero del 2024. Es decir, falta tan solo alrededor de 40 días, tiempo escaso para auditar e investigar, así como, para organizar un nuevo proceso electoral. Además existe la petición expresa de la mayoría de los candidatos para que las nuevas elecciones sean presenciales, contra el consenso vigente de que la modalidad debe ser “votación electrónica no presencial”. Tampoco se conoce aún el pronunciamiento de la ONPE, ni el tiempo que le tomaría para colaborar en la organización de un nuevo proceso electoral o si recomienda que se continúe el presente proceso sólo con el señalamiento de una nueva fecha para el sufragio. Dados los hallazgos y las imputaciones de “conato de fraude” o “fraude”, es probable que esta última propuesta no sea la solución óptima.
La credibilidad de los actuales actores está perdida. Por tanto, se requiere tranquilidad en el análisis, firmeza para deslindar de los responsables y sancionarlos. Asimismo, asegurar la gestión del CMP, más allá del 8 de enero del 2024. ¡Elecciones seguras, libres y transparentes!
