Dos cambios sucesivos de gobierno y dos nuevos ministros de Salud
El 11 de marzo ha sido designado como ministro de Salud el ex superintendente nacional de SuSalud, Juan Carlos Velasco Guerrero. La crisis total del Gabinete Miralles, ocurrida el 17 de marzo, a escasos 22 días de haber asumido el cargo, obligó, según mandato constitucional, a que todos los ministros renuncien a sus respectivas carteras. El reemplazante en la presidencia del Consejo de Ministros, el general en retiro Luis Arroyo Sánchez, que se desempeñaba hasta entonces como ministro de Defensa, propuso un nuevo gabinete ministerial, en el que ratificó al ministro de Salud.
Dos cambios sucesivos de gobierno y dos nuevos ministros de Salud, en seis meses, han agudizado la crisis estructural de la salud; sobre todo por la inacción, y han incrementado los reclamos de los usuarios por falta de atención o maltrato. Aunque también se suman los servidores de los hospitales y de los establecimientos del primer nivel de atención de salud, incluso las empresas de servicios de salud del sector privado. Estas últimas debido a la inseguridad jurídica, a los costos de quejas y de litigios y de las regulaciones que afectan su equilibrio financiero.
El primer aspecto relevante son los litigios por responsabilidad penal y civil en los casos tipificados como negligencia médica, contra médicos, clínicas y hospitales por negligencias en diagnósticos, procedimientos, cirugías, accidentes e infecciones intrahospitalarias, entre otros. El impacto, en primer lugar, contra los médicos es enorme, lo que obliga a que practiquen la medicina defensiva, con incremento de los costos de atención, con el único afán de evitar la cárcel o los pagos por resarcimiento o indemnización. En segundo lugar, hay un impacto empresarial, debido al incremento de los gastos derivados de la medicina defensiva y a la exposición a demandas millonarias que pueden llevar a clausuras o bloqueos de cuentas bancarias. Hay jurisprudencia peruana, incluso, con expedientes en casación en la Corte Suprema, o cierres de clínicas que demuestran este riesgo.
A pesar de existir proyectos de ley en el Congreso de la República, que plantean la despenalización del acto médico, los funcionarios intermedios del Ministerio de Salud (Minsa), sobre todo los de asesoría jurídica, se niegan a emitir opinión favorable. El Minsa tampoco ha promovido la claridad en el ejercicio profesional de los médicos en las clínicas, que delimiten su realidad contractual dependiente o independiente con la finalidad de precisar la responsabilidad solidaria como consecuencia de las denuncias judiciales, conciliación u otro mecanismo. Tampoco, ha quedado clara la exclusión de los médicos de los procesos judiciales cuando se trate de negligencias sanitarias con pacientes atendidos en los establecimientos de salud públicos o privados.
El segundo aspecto relevante es el incumplimiento de contratos con profesionales y pacientes, lo que genera reclamos de pacientes por cambios en tratamientos o cobros adicionales no previstos en acuerdos iniciales, así como, disputas con médicos por la interpretación de sus obligaciones contractuales. La falta de contratos formales con los pacientes y con el personal deja a las clínicas vulnerables ante denuncias y sanciones. Las evidencias saltan a la vista, a través de las resoluciones de SuSalud o Indecopi, la jurisprudencia e incluso en reportes periodísticos. Las quejas, con relación a los usuarios, son los cambios de tratamiento y falta de información, como muestra se refiere un caso documentado cómo vulneración “del deber de idoneidad,” y que SuSalud aplicó una sanción de 13 UIT. También, se pueden agregar a los cobros adicionales, donde por ejemplo, ya ha habido sanciones.
El tercer aspecto relevante, es el incumplimiento de coberturas ofrecidas por las aseguradoras. El caso más “sonado” ha sido “la negación de un tratamiento de inmunoterapia, que según póliza estaba cubierta al 100%” y que motivó la participación de Indecopi. La magnitud de estas quejas es enorme, por ejemplo, solo una aseguradora privada el año 2024, acumuló 10094 quejas, aunque en menor grado en el sector público ya que EsSalud tuvo 5103 y el SIS 3,250. El impacto económico es cuantioso, los procesos administrativos y judiciales tediosos y el daño reputacional enorme con pérdida de la confianza de los usuarios o de la población.
El cuarto aspecto relevante son los conflictos de las clínicas con las aseguradoras por negación de cobertura. Las clínicas, incluso, los médicos reclaman a las aseguradoras, a las “prepagas” o a las EPS porque éstas rechazan cubrir tratamientos ya realizados, con el argumento “que no estaban incluidos en el plan o que eran experimentales». Como es obvio, la mayoría de las veces las quejas se originan del paciente o usuario, en la clínica o entidad prestadora la que queda en el medio y en consecuencia, deja de percibir ingresos por servicios que ya han sido ejecutados. Encima, esto se agrava debido a la incertidumbre que a veces se genera por los cambios unilaterales de las pólizas por parte de las aseguradoras, que implica un cambio en la relación entre la clínica o entidad prestadora y el usuario o paciente.
En ese sentido, existe una vulnerabilidad de las clínicas o entidades prestadoras o establecimientos de salud, que requiere una mejora normativa que regule en modo equitativo la intervención del Estado. Por ejemplo, el conflicto normativo judicializado por el artículo 7.2 de la Ley del Cáncer (Ley 31336), concerniente a las terapias innovadoras o “en fase 3 de investigación” que las aseguradoras pretender derogar, aunque algunas de estas terapias ya cuenten con la aprobación de las reguladoras de medicamentos como la FDA de Estados Unidos o la EMA de Europa, que al final de cuentas concluye en la interpretación de la cobertura y el precio de la póliza.
El quinto aspecto relevante son las investigaciones a proveedores por facturar servicios no prestados o inflar diagnósticos para cobrar más a las aseguradoras. Estas auditorías o investigaciones contra las acciones de fraude, de malgasto y «sobrecodificación» generan gastos, que concluyen en multas, pérdida de credibilidad, hasta “observaciones comerciales” en las redes de las aseguradoras. Estos hechos están evidenciados con sanciones económicas, investigaciones de la Contraloría, Indecopi, SuSalud y el Ministerio Público, muchas de ellas, derivadas en responsabilidades penales.
Luego de cuatro años en SuSalud, el nuevo ministro, aún tiene opción, al escuchar el reclamo de los usuarios por falta de atención o maltrato en los servicios de salud, para revertir esta situación con una normativa que proponga la despenalización del acto médico y corrija la inseguridad jurídica, los costos en litigios y las regulaciones que afectan el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud. ¡No más denuncias “chatarra”!
