El Gobierno aún no aprende las lecciones que ha dejado la pandemia
Los días 23 y 24 de noviembre del 2021, el Pleno del Congreso de la República debatirá y votará los proyectos de Presupuesto, Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el año 2022 para dar cumplimiento al artículo 80 de la Constitución, que señala al 30 de noviembre, como plazo máximo, para que la Ley de Presupuesto sea remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Para tal fin, el ministro de Economía y Finanzas sustentará el pliego de ingresos y cada uno de los ministros el pliego de egresos de su sector, así como el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo. Al final del debate, la presidente del Consejo de Ministros “dará su aceptación o disconformidad” con el Proyecto de Ley de Presupuesto, para que luego los congresistas procedan a votar. Este año, debido a la pandemia, los congresistas podrán asistir en forma presencial o virtual.
El presupuesto público para el año 2022, asciende a S/ 197,002 millones, cubierto con un alto componente de endeudamiento externo, que asciende a S/ 38,054 millones; es decir, equivalente a casi un quinto del presupuesto. A la Función Salud se le ha asignado 11.3%, es decir, S/ 22,261 millones, que representa apenas el 3.096% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, esta cifra asignada a la Función Salud para el 2022 es menor a la ejecutada o gastada desde enero hasta agosto del 2021, que ascendió a S/ 27,500 millones. En ese sentido, el presupuesto de inicio del 2022 es deficitario con S/ 6,600 millones, aún a pesar de que no se ha tomado en cuenta los meses de septiembre a diciembre del 2021, porque todavía no se han gastado. En consecuencia, la cifra del déficit será mucho mayor.
Los tres últimos gobiernos han convertido a la Ley de Presupuesto como mero instrumento referencial, porque, debido a la pandemia, han recurrido a los decretos de urgencia para modificarla e inclusive aumentar el gasto o el endeudamiento. Ese parece que será el destino, también, de la Ley de Presupuesto del 2022. Por ejemplo, la Función Salud, requerirá cerrar la brecha ocasionada por el referido déficit fiscal, para de esa manera cumplir con la continuidad de los casi 49,000 contratados para enfrentar la pandemia, bajo la modalidad CAS-Covid o el cumplimiento de los compromisos laborales, como la escala salarial, el cambio de línea de carrera y grupo ocupacional, ascensos, nombramientos, entre otros. En ese contexto, el compromiso con la agenda laboral por parte del Ministerio de Salud y del gobierno ha sido explícito, aunque los montos dinerarios no se encuentren reflejados en su totalidad en la Ley de presupuesto. Es obvio, que deberá incrementar dinero o negociar una progresividad, que chocará con las expectativas de los servidores y los gremios.
En segundo lugar, el gobierno ha orientado su actividad política y sus promesas en el “resarcimiento” de las comunidades nativas u originarias, alto andinas y dispersas, así como, en los pobres y vulnerables. Hasta la fecha, la política de salud ha continuado con la misma programación de actividades que el gobierno anterior. En ese sentido, la vacunación contra el Covid-19 está rezagada en esas comunidades, como demostración de la ausencia o escasez de las acciones de salud por parte del gobierno, a pesar del discurso presidencial.
El viraje de la mirada hacia esas comunidades y poblaciones requiere dinero, como, la transferencia realizada de S/ 27.7 millones, mediante el Decreto Supremo 304-2021-EF, a los diversos gobiernos regionales “para financiar las intervenciones sanitarias para los pueblos indígenas amazónicos frente al Covid-19”, e incluye a los gobiernos regionales de Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Es decir, diez regiones que recibirán, entre todas, 3.5 millones, mientras que la Administración Central del Minsa recibirá S/ 24.2 millones. Es obvio que el título del decreto supremo no calza con el destino de los fondos. En ese contexto, el Minsa, está en la obligación de justificar esa distribución y aclarar el detalle del gasto en cada una de las comunidades y de los pobladores beneficiados.
En tercer lugar, será necesario que el gobierno reponga el dinero que se le ha recortado a los programas presupuestales. Por ejemplo, al Programa (0016) TBC-VIH/SIDA se le ha recortado 128.3 millones frente al año 2021, al (0017) Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis -36.3 millones, al (0018) Enfermedades No Transmisibles -S/ 48 millones, al (0024) Prevención y Control del Cáncer -S/ 62.4 millones y al (0131) Control y Prevención en Salud mental se le ha recortado S/ 27.6 millones, solo para resaltar los más notorios. Es decir, el presupuesto total de los programas presupuestales para la salud pública se ha reducido en S/ 237.9 millones frente al año 2021. Asimismo, el del 2021, ya había sufrido un recorte frente al año 2020, de S/ 409 millones. Aunque parezca increíble, el recorte desde el año 2020 hasta el programado para el año 2022, es de S/ 646.9 millones.
El impacto de esta reducción presupuestal afecta a todos los peruanos, independientemente de su condición socioeconómica o étnica. Estos programas presupuestales intervienen en la promoción de estilos de vida saludable, en la prevención, en evitar el contagio y la transmisión de enfermedades, en la detección precoz, en el tratamiento oportuno, la rehabilitación e incluso en la inserción laboral y social. El Proyecto de presupuesto del 2022, evidencia que el gobierno, aún no ha comprendido, las lecciones que ha dejado la pandemia. ¡Urge corregir!
