La afiliación de cuatro millones de nuevos usuarios
Las exposiciones del presidente de la República y del premier sobre la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión –en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución, debido a la disolución del Parlamento– se realizaron en un improvisado acto protocolar en Palacio de Gobierno. La ciudadanía escuchó la reiteración de la política general de gobierno y de las mismas medidas de gestión previas al cierre del Congreso de la República. Dos preguntas que flotaban en el ambiente antes de las exposiciones –¿cuáles eran las medidas que obstaculizaba el Congreso disuelto? y ¿cuál sería la nueva política general de gobierno y con qué medidas se llevaría a cabo?– quedaron sin respuesta.
En salud, no hay ninguna novedad. Eso sí, se ha presentado lo viejo y trillado como nuevo. La afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) de cuatro millones de nuevos usuarios es una propuesta que viene desde la creación del SIS, en el año 2001. El tema no es solo más financiamiento, sino la falta de capacidad operativa en la oferta de servicios. Hay escasez de médicos, otros recursos humanos, equipos, insumos e infraestructura, tanto en los hospitales como en los centros de salud. Además, se ha reiterado el “error” del humalismo: creer que con solo afiliar a los ciudadanos, en modo mágico, ya tienen atención médica gratuita. Pasemos revista a algunas objeciones, de cuya solución depende el fortalecimiento del SIS.
La primera objeción es que el gobierno aún no ha definido cuál será la ruta que tome el SIS. ¿Seguirá siendo un fondo de alivio a la pobreza, mercantilista y sólo financiador o transitará hacia la seguridad social plena? Si se incorporan cuatro millones de nuevos afiliados, ¿cuáles serán sus beneficios? Hoy el SIS solo financia el 10% del gasto de los hospitales, el 90% restante lo cubren los hospitales y los propios pacientes. El gobierno no ha hecho explícita la cifra del gasto adicional para los nuevos afiliados.
La segunda objeción es definir si se mantiene con el enfoque de negocio privado, con listas de exclusiones de daños o enfermedades, o como un sistema de seguridad social que garantiza el derecho humano a la salud, sin exclusiones y universal. Es necesario tomar en cuenta que cuando el sistema privado pone exclusiones, el ciudadano recurre al sistema público; pero cuando el sistema público excluye, el ciudadano es puesto ante la disyuntiva de enjuiciar al Estado para cautelar su derecho a la salud o dejarse morir. El gobierno no puede crear un sistema que favorezca el negocio privado y que en modo intencionado cree formas de violación sistemática de los derechos humanos.
La tercera objeción es con relación al rol del régimen semicontributivo (semisubsidiado), de los posibles nuevos afiliados. Existe una serie de empresarios informales o personas no pobres que puede pagar algo. Es decir, una parte ponen los afiliados y otra el gobierno. Sin embargo, es poco atractivo pagar por algo que es gratuito, salvo que se ofrezca una real atención de salud, con cobertura universal; es decir, para todas las enfermedades y en todo el territorio nacional. La gran mayoría de los cuatro millones de posibles nuevos afiliados pertenecen al mundo informal, o aquellos catalogados como no pobres, pero que se encuentran cerca de la línea de pobreza. Además hay no pobres cuyo gasto en alguna enfermedad podría exceder el ingreso familiar. Solo un sistema de seguridad social logra la mancomunación de riesgos y la solidaridad, a través de prestaciones de salud, sociales y económicas.
La cuarta objeción está relacionada con la movilidad de régimen al interior del Seguro Integral de Salud. Por ejemplo, un usuario del régimen subsidiado o gratuito puede pasar al régimen semicontributivo o al revés. El SIS posee mecanismos propios del sistema privado; por ejemplo, latencia, carencia y preexistencia. Es increíble que se aplique la carencia a un afiliado que pasa del régimen subsidiado al semicontributivo del propio SIS, y pongan en riesgo la salud del afiliado por la espera que la carencia supone. Igual que para afiliarse al SIS sea necesario esperar el periodo de latencia que otorga Essalud y luego, en modo adicional, el SIS aplique la carencia. La continuidad de la atención médica y de salud debería tener salvaguarda frente a los arreglos administrativos.
La quinta objeción se refiere a la compra de atenciones médicas al sector privado. La normatividad actual la autoriza para los casos de emergencia y cuando no existe capacidad de oferta en el sector público. Sin embargo, durante el lustro humalista la flexibilidad, bajo sistemas abreviados de contrataciones, permitió comprar servicios al sector privado en desmedro de las arcas del SIS. Las deudas heredadas al sector público ascendieron a casi S/ 2,500 millones. Las compras al sector privado requieren el pago completo del gasto, más la utilidad. En cambio, a los hospitales públicos el SIS como ya se ha explicado, paga en promedio general solo el 10% del gasto. La custodia de la sostenibilidad del Seguro Integral de Salud requiere definir con claridad esta relación.
Por Herberth Cuba García
