A pesar de que hay muchos peruanos que no han sido vacunados
El 10 de enero del 2022, la Contraloría General de la República acudió a las instalaciones de EsSalud para investigar las denuncias realizadas por los medios de comunicación sobre la “dada de baja” de medicamentos por vencimiento. Ha acudido a verificar y recopilar información sobre el cumplimiento de las normas en el suministro de medicamentos y la salvaguarda del acceso oportuno a los medicamentos de los pacientes y usuarios de los asegurados. Según la Contraloría, EsSalud gasta entre el 10% y el 12% de su presupuesto en la adquisición de medicamentos. Además señaló que realizará un análisis cronológico de los hechos, para verificar las falencias de la cadena de suministro y del consumo y contrastar con la existencia del stock de medicamentos. Según los medios de comunicación el monto de los medicamentos vencidos asciende a más de siete millones de soles; y los que estarían por vencerse, a 10 millones de soles.
Existe un proceso preestablecido para “dar de baja” a los medicamentos vencidos, en el que se consigna la “causal de baja”, se valoriza y se custodia hasta que los productos sean eliminados, mediante la intervención de una empresa de residuos sólidos, que se encuentre registrada en la Dirección General de Saneamiento Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). La supervisión de la eliminación es estricta para evitar no solo la contaminación ambiental, sino también que estos medicamentos vuelvan a circular en el mercado, re etiquetados y adulterados y entren en la categoría de los denominados “medicamentos bamba”, con grave riesgo a la salud. Sirve también para conocer al detalle el perjuicio social, económico y de salud para los usuarios y para la institución.
En esa misma línea, el Ministerio de Salud informó que hay lotes de vacunas contra el Covid-19 que están próximos a vencerse y, por tanto, que buscaría donarlos a algún otro país. Según el ministro de Salud, “el 2020 se firmaron convenios con distintas empresas, todos de carácter confidencial, y no había compromisos firmes para las fechas de entrega, y, por tanto, se produjeron retrasos y en algunos casos las vacunas tenían fechas de vencimiento cortas”. En ese sentido, el monto dinerario de las vacunas que probablemente se donarán, para no perderlas, es desconocido. A pesar, que aún persista más de tres millones ciudadanos que requieren ser vacunados; por ejemplo, los que viven en las comunidades nativas u originarias en las zonas alto andinas y dispersas. Y a pesar de que la tercera dosis aún se encuentra en el orden de menos del 20% de la población. Algunos países ya han empezado a colocar la cuarta dosis, en consecuencia, la donación no sería la mejor alternativa, si no fueran empujados por la fecha de vencimiento. Parece también obvio que la Contraloría acudirá al Minsa a recopilar la información y verificar el cumplimiento de los procesos de suministros, más aún cuando el propio ministro ha detallado las falencias desde los gobiernos anteriores.
Para comprender mejor las dificultades que enfrenta el Gobierno en el proceso de vacunación de las comunidades nativas u originarias está el reclamo, según RPP, del representante del pueblo Achuar, ubicado en la provincia Datem del Marañón, en Loreto, de “que el 1 de diciembre del 2021 recibieron la primera dosis, pero (que) ya han pasaron 41 días y el personal de salud aún no llega para completar la vacunación”. Además señaló que “de 56,000 ciudadanos mayores de 12 años, solo se han vacunado con las dos dosis el 20%, y 31% solo con una”. No causa entonces extrañeza el retraso en el porcentaje de vacunados de esa región, con solo 59.9%. El Minsa y el gobierno regional de Loreto están en la obligación de buscar la sinergia y fortalecer el proceso de vacunación, con pertinencia intercultural, más aún cuando las propias comunidades exigen sus derechos. Es inaceptable que se incremente la desigualdad y la exclusión. En ese contexto, se espera la intervención y el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República.
La estrategia que aplicó el gobierno, al enfocarse solo en la pandemia y dejar de lado las atenciones de otro tipo de enfermedades que no son Covid-19, ha demostrado ser equivocada. Por un lado los pacientes que tienen comorbilidades, debido a alguna enfermedad crónica, rara o huérfana y de alto costo, estuvieron desde el inicio de la pandemia marginados de la atención médica. Esta omisión ha incrementado la mortalidad de estos pacientes por el desenlace natural de la enfermedad o por la infección concomitante con el Covid-19. Por otro lado, el consumo de fármacos e insumos médicos se restringió, por la menor demanda y, en consecuencia, alteró la programación preexistente. Es decir, se ha generado una paradoja: mientras los pacientes pugnaban por lograr una consulta, intervención médica y dotación de medicamentos e insumos, estos, por falta de rotación y uso, se acercaban a su vencimiento.
Los funcionarios, perdieron de vista que las bases de las licitaciones de medicamentos establecen la vida útil predeterminada de estos. Y que una vez que los medicamentos son recibidos, esos funcionarios son responsables de su administración y uso oportuno. Sin embargo, hay casos excepcionales en que el proveedor entrega un fármaco con fecha de vencimiento inferior al que indican las bases, pero existe el compromiso de canjear el producto que no haya podido ser utilizado oportunamente. En todo caso, la vigilancia del vencimiento corresponde a la administración; tanto de EsSalud para el caso de los medicamentos e insumos, como del Minsa para las vacunas en general.
