Defender la autonomía de la prescripción
La compra por US$ 583 millones, por parte del grupo Intercorp del Holding Quicorp, ha originado debate, preocupación y confusión. La compra incluye a la cadena de establecimientos farmacéuticos al menudeo Mifarma, la manufactura y distribución de fármacos, el marketing de marcas y la actividad de “visitadores médicos” que aporta Química Suiza, entre otros. Se ha cuestionado la legalidad de la compra, la posición de dominio resultante y el casi monopolio de la venta en cadenas de boticas, de la manufactura (maquila) de fármacos y del manejo de la “inteligencia” de cada una de las farmacias y boticas independientes.
La compra ha generado el control de casi el 95% de las cadenas de venta de fármacos al menudeo, con casi 2,200 establecimientos farmacéuticos a nivel nacional, que representa el 18% de las boticas y farmacias existentes en nuestro país. Además, Química Suiza distribuye medicamentos a más de 6,000 boticas y farmacias independientes. Es decir, conoce los pormenores del negocio de cada uno de estos establecimientos independientes, que podrían ser útiles, sin intervenir en los precios, para ampliar la posición de dominio y el monopolio.
El sector público posee casi 8,000 farmacias, como parte de cada uno de los hospitales, centros y puestos de salud en todo el territorio nacional. Sin embargo, debido al desabastecimiento crónico que adolecen, no deberían ser tomados en cuenta en el conteo del número total de farmacias y boticas que existen en nuestro país. Es decir, si retiramos a las farmacias públicas, el porcentaje de participación en el mercado de un solo grupo empresarial ascendería, luego de la compra, a más del 70% del mercado.
El sector público, a través del Decreto Legislativo 1165 del 2013, creó el mecanismo de “farmacias inclusivas” para que las boticas y farmacias privadas, con cargo a la caja fiscal, entreguen los medicamentos a los pacientes que se atienden en el sector público. Esta ha sido la propuesta de reforma del medicamento en el lustro humalista. La inoperancia del sector público en la gestión de sus propios establecimientos farmacéuticos, el D. L. N° 1165 y la persistencia de la visión de la “reforma de salud humalista”, son aspectos que favorecen la expansión del grupo empresarial consolidado de cadenas de boticas y farmacias, también dentro del sector público.
Un aspecto que distorsiona la comprensión del mercado de medicamentos es la generalización. Se obvia que cada fórmula farmacéutica o tipo de medicamento es un mercado. Lo correcto sería hablar de mercados de medicamentos. Hay oferta y demanda de un medicamento en concreto. Pueden haber múltiples proveedores para un medicamento, que compiten entre ellos, pero no siempre ocurre eso. Hay medicamentos únicos, con un solo fabricante o distribuidor, que representan en realidad un monopolio. Hay otros que tienen demanda pero no proveedores, porque no son rentables para las empresas. Y además medicamentos que tienen patentes y, en consecuencia, son monopolios legales. Un medicamento, que es único, representa el único sustento de vida para el paciente, es como el agua o la luz. Sin embargo, la energía eléctrica o el agua potable tienen normas regulatorias fuertes, que contrastan con el medicamento, que está desregulado.
La integración vertical entre la manufactura (maquila), la distribución de fármacos y la venta al menudeo en cadenas de boticas y farmacias, en un solo grupo empresarial consolidado, otorga una ventaja no competitiva frente a otros empresarios que solo manufacturan medicamentos. Además, la profesión médica verá reducida su autonomía en la prescripción médica, porque deberá adaptarse a los mecanismos comerciales del grupo empresarial, con afectación de las necesidades y preferencias de los pacientes.
El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo tienen la obligación de fiscalizar con minuciosidad la compra realizada, crear los mecanismos legales para evitar el abuso de posición de domino y cerrar el paso al monopolio de uno o varios fármacos; también proteger y fortalecer a la mediana y pequeña empresa de establecimientos farmacéuticos, más aún ahora que la información empresarial relevante “ha sido adquirida” por la competencia. Además, fortalecer y abastecer a las 8,000 farmacias públicas con la finalidad de anclar los precios hacia abajo y estimular la competencia, para proteger al ciudadano.
Es necesario regular la “exclusividad” de la distribución de los productos farmacéuticos propios del “grupo empresarial consolidado” y los incentivos perversos para promover su venta, a través de “recetas” producto del intrusismo, “cambio de receta”, venta sin receta, sorteos y otros mecanismos de marketing no ético. El gremio médico tiene la obligación de defender la autonomía de la prescripción y el respeto de la receta médica, exigir el abastecimiento de las farmacias públicas y erradicar el intrusismo profesional.
