Derechos fundamentales de los peruanos de la Amazonía deben ser tutelados
La Amazonía en el Perú es una de las zonas más precarias en servicios de salud. El abandono en que se encuentra se traduce en falta de respuesta del Sistema de Salud frente a las necesidades de la gente. Hay una mezcla de abandono, pobreza, discriminación, racismo e incumplimiento por parte del Estado para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los pobladores. Es un gobierno ausente entre las diversas etnias y sin diálogo intercultural.
Sin embargo, las comunidades ribereñas de la Amazonía han visto aliviada su situación de salud a través de las llamadas Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS). Si bien es cierto que esta acción solo favorece a las comunidades que se encuentran en las riberas de los ríos navegables, es obvio que el impacto es importante.
La Marina de Guerra del Perú tiene la capacidad de operar medios de transporte fluvial, debidamente equipados con módulos para brindar los servicios estatales a las poblaciones que de otra manera nunca tendrían, como: salud, programas sociales, protección contra la violencia de género e infantil, inclusión económica, educación, registro de identidad por la Reniec, entre otros.
Parece algo muy simple de ejecutar, sin embargo no lo es. Requiere enorme esfuerzo de articulación entre las instituciones (ministerios) del propio Estado y de estas con la sociedad; es decir, es una articulación Estado-Estado y Estado-Sociedad. La articulación se realiza para confluir en un solo lugar elegido para brindar servicios estatales bajo mecanismos de ayuda recíproca, complementariedad y especialidad. El proceso de planificación, coordinación y articulación requiere voluntad política y recursos humanos calificados, además de sus propias profesiones, en diálogo intercultural, y también de financiamiento.
Además, las propias regiones amazónicas tienen que estar involucradas, y disponer el financiamiento, para que las plataformas itinerantes tengan la regularidad que se les promete a los usuarios. El gobierno debe realizar las transferencias económicas y verificar que estas se usen en modo adecuado para darle sostenibilidad a la PIAS.
Los ciudadanos de las diversas comunidades de la Amazonía deben generar su propia demanda y el gobierno debe tener la capacidad de recibirla, canalizarla y traducirla en acciones apropiadas, simples pero basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y la tecnología. El desarrollo de estrategias para este fin es la clave para el diálogo intercultural. La percepción de la salud y la enfermedad es un producto cultural. Sin embargo, la sola percepción no basta, es necesario actuar sobre la realidad misma.
Las demandas de los ciudadanos deben traducirse en acciones de intervención social con prestaciones y servicios idóneos para la gente. Esto implica un estudio de los determinantes sociales, culturales y económicos de las comunidades, ligados a su perfil epidemiológico. Es decir, cómo viven, con qué viven y de qué se enferman. Sin embargo, cada sector deberá elaborar su propio diagnóstico de situación para generar su propio plan de intervención social, que a su vez sea complementario y coordinado con el plan general del Plan de Acción Social.
Si bien es cierto que esta estrategia está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Minsa le atañe un rol muy importante. Todavía no se ha definido con claridad qué son poblaciones vulnerables, no existen indicadores y menos unidades de medida que permitan incorporar subsidios estatales a estas poblaciones. Es decir, falta un sistema similar al de Focalización de Hogares (SISFOH) para las poblaciones vulnerables. El gobierno anterior abusó del término de población vulnerable, direccionó enormes recursos a estas poblaciones, pero jamás le dio contenido cuantificable y técnico a este concepto. El Seguro Integral de Salud, hoy con una deuda de casi 700 millones, incorporó a más de cinco millones de personas bajo este rubro.
Es necesario reflexionar sobre esta estrategia. No es posible actuar solo por un periodo de experiencia porque, como es obvio, el impacto es positivo. La comparación de esta experiencia sería contra la nada. Porque esta Plataforma Itinerante es quizá la única oportunidad que tiene un peruano de la Amazonía de entrar en contacto con el Estado.
El apoyo del Programa ProDescentralización de USAID en la cuenca del Río Napo no puede, ni debe reemplazar la acción de Estado. Ha sido una experiencia exitosa de la que ahora el gobierno peruano debe asegurar su sostenibilidad. Además, es necesario ampliar su radio de acción. No podemos frustrar las expectativas de la gente, ni crear demandas adicionales a su modo de vida que luego el gobierno no pueda satisfacer.
Los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos de la Amazonía deben ser tutelados, la salud, la identidad, la protección contra la violencia, la educación y otros derechos no son privilegios, son la mínima exigencia que debe exhibir un gobierno democrático y eficaz.
Herberth Cuba García
