El Congreso debería otorgar estabilidad jurídica al ENAM
El Examen Nacional de Medicina (ENAM) es una prueba nacional y única de suficiencia profesional que dan todos los titulados como médicos cirujanos antes de la colegiación profesional que, como se sabe, es requisito para ejercer la profesión en nuestro país. El ENAM permite que las facultades de medicina a nivel nacional compitan para que sus egresados obtengan los mejores puntajes y demuestren la calidad de enseñanza que brindan. Es una señal objetiva para los nuevos postulantes a la carrera de medicina, al momento de escoger la universidad donde invertirán su tiempo y su dinero. El resultado de esta prueba agrega, a los médicos recién graduados, puntaje adicional para el concurso de especialización profesional.
No se ha logrado implementar el ENAM de la noche a la mañana. Ha sido un largo proceso de la Asociación de Facultades de Medicina (ASPEFAM) y del gremio médico, con la finalidad de fortalecer la calidad de las competencias profesionales. Además, con justa razón, por los mismos criterios, han empezado a ampliarse a otras profesiones de la salud. La lentitud de la aplicación ha sido el carácter voluntario que la animó, hasta su legalización a través de la Ley de Residentado Médico (especialización profesional). La idea de base es que la población necesita y desea profesionales médicos y de la salud, muy calificados y competentes.
Sin embargo, no basta dar el ENAM y obtener un puntaje adicional para el concurso de especialización profesional, sino que es crucial aprobar el examen. La idea inicial de utilizar el examen como herramienta para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza universitaria es insuficiente. Ahora la población exige que los médicos y los demás profesionales de la salud demuestren que poseen las competencias para ejercer.
En octubre de 2016 se promulgó la RM N° 785-2016/MINSA, que modificó el literal g) del artículo 23 del Reglamento de la Ley 23330, del SERUM (Servicio Rural y Urbano Marginal) con la finalidad de que sea “requisito para todos los profesionales de las ciencias de la salud haber aprobado el Examen Nacional correspondiente a cada carrera; tal requisito será exigible cuando el examen sea oficializado mediante resolución ministerial emitida por el Ministerio de Salud”. Es decir, la norma obliga a aprobar el ENAM para tener derecho a realizar el SERUMS, que como sabemos, es a su vez requisito para postular a la especialidad y para trabajar para el Estado. Ha sido un paso importante, pero insuficiente. Toda la población, no sólo la que atiende el Estado, debería tener la seguridad que el profesional que vela por su salud haya aprobado un examen de suficiencia profesional.
Sin embargo, fue un gran paso en la dirección correcta. Era obvio que la implementación generaría una ardua discusión en amplios sectores involucrados en el quehacer sanitario de nuestro país. Se preveía también algún nivel de rechazo por parte de algunos profesionales titulados que deberían dar el examen, y de algunas universidades. Además los políticos, como la población que representan, tienen la expectativa de mejorar la calidad educativa y el perfil del egresado, sobre todo en salud. Es “políticamente correcto” desear profesionales competentes, humanos y éticos. Por ello los críticos recurrieron a las formas, eludieron el fondo, y plantearon que sea un proceso progresivo y que empiece a partir del año 2018.
Un aspecto esencial en el examen de suficiencia profesional es la ruta que seguirá el profesional titulado que ha sido desaprobado. Es necesario crear mecanismos de preparación continua y exámenes sustitutorios para evitar que, por elevar el estándar y las competencias, se trunque la carrera del profesional. Además, antes de que los profesionales titulados den el examen nacional y único en cada carrera profesional de salud, es necesario que el examen sea oficializado por el Ministerio de Salud (Minsa), luego del consenso logrado sobre el contenido de cada examen y las opciones para los desaprobados. El acuerdo debe ser entre las universidades, el Minsa, la academia y los colegios profesionales, entre otros.
La estrategia comunicacional de los actores involucrados debe buscar fortalecer alianzas que involucren a la opinión pública, alineadas en la mejora de la calidad y competencias profesionales, debido a que el cambio es difícil. Hay intereses y costumbres que tienden a mantener las cosas como están, aun así el Minsa hace bien en continuar lo avanzado.
El Congreso de la República debería respaldar y aprobar una ley que otorgue estabilidad jurídica al ENAM y a los exámenes de suficiencia correspondientes a las otras profesiones de la salud. La norma propuesta es de esperar que sea elaborada por algún colegio profesional involucrado, o por algún congresista con liderazgo. La aplicación de esta norma significaría una real mejora de la calidad educativa en salud.
Herberth Cuba García
