Sin inversión es imposible erradicar pobreza y menos lograr justicia social.
La lucha contra la erradicación de la pobreza es la acción más poderosa a favor de la salud. Cuando el ingreso económico de las familias pobres aumenta, se tiene como consecuencia más salud. Es una relación directa. Sin embargo, luego que el pobre sale de la pobreza, por más que incremente sus ingresos, los niveles de salud ya no se incrementarán, salvo que se actúe adicionalmente sobre otros determinantes no ligados directamente al ingreso económico, tales como la mejora de la calidad de vida, adopción de estilos de vida saludables con mejores niveles de consumo y la asunción de menos riesgos contra la salud.
Esta constatación empírica demuestra fehacientemente que el principal problema que afronta nuestro país es la pobreza. Sin embargo, la distorsión de esta prioridad al considerar a la inequidad en la distribución de la riqueza como el problema principal ha terminado favoreciendo a los menos pobres. A pesar de llamarse el gobierno de la inclusión social se ha priorizado la redistribución en la asignación de recursos, en desmedro del crecimiento económico.
Al no existir crecimiento económico la disponibilidad de fondos es insuficiente. Los menores ingresos de las familias y del fisco han impactado negativamente en los indicadores sanitarios del país. Cuando existen mayores niveles de inversión pública y privada se logra un alto crecimiento económico, con el objetivo de obtener justicia social. Eso sí, sólo será posible si el gobierno cautela el rendimiento adecuado de las inversiones, reduce la incertidumbre y mantiene la estabilidad de las inversiones a mediano y largo plazo. Además, es imprescindible lograr una adhesión social a la inversión.
Sin inversión no hay posibilidad de erradicar la pobreza y menos aún será posible la justicia social. Por ejemplo, es justicia social que toda la población, tenga entre otros, acceso universal a la salud y seguridad social. Pero también es justo que se cautelen sus derechos, que haya una igualdad en los estándares de atención de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. La interculturalidad, el género y los derechos humanos deben ser valorados como parte inherente del ser humano. Sin embargo todo ello, tiene un costo que sólo puede ser cubierto con mayor crecimiento económico.
Por ejemplo, la falta de disponibilidad de recursos y la incomprensión de la relación entre pobreza y salud ha llevado a los actores de la mal llamada reforma de salud del régimen humalista a resaltar sólo el aspecto hospitalario y la llamada “atención integral hospitalaria”, obviando la salud pública, la medicina preventiva y sobre todo las prestaciones sociales y económicas ligadas a la atención médica. Este equivocado enfoque ha permitido beneficiar más a los menos pobres y pudientes.
Por ejemplo, si un establecimiento de salud brinda atención médica integral a un pobre, éste sólo será atendido si tiene la disponibilidad económica para desplazarse o viajar hacia el lugar donde está ubicado el establecimiento. El muy pobre está incapacitado de acceder al establecimiento de salud, porque no tiene los medios económicos para ejercer ese derecho a la atención médica. Es decir, es necesario que el muy pobre reciba el subsidio para el desplazamiento, el alimento, los pasajes y todos los gastos adicionales necesarios para subsistir mientras dura el periodo de la enfermedad. Por ello, la atención debe ser integral y debe incluir prestaciones sociales y económicas, para que los muy pobres tengan acceso real a las atenciones de salud.
Finalmente, es necesario aprovechar las economías de escala con la finalidad de obtener mayor eficiencia a través de la distribución del riesgo incorporando a todos los usuarios de los servicios de salud del país. La solidaridad es el principio que subyace en esta racionalidad económica que alinea los intereses individuales logrando mayor eficiencia y eficacia sanitaria. Urge reformar la mal llamada reforma de salud.
Herberth Cuba García
