La herencia dejada por el gobierno anterior es un círculo vicioso perverso
El desastre de El Niño costero se ha puesto en evidencia, una vez más, las dificultades que el proceso de descentralización ha planteado a la capacidad de respuesta sanitaria de nuestro país. La falta de comprensión del gobierno anterior del significado de Estado unitario y descentralizado, y la errada transferencia de la salud pública a las regiones, en claro incumplimiento de la Ley de Bases de la Descentralización, ha llevado a la pérdida de la rectoría del Ministerio de Salud (Minsa).
Como se sabe, la Ley de Bases de la Descentralización señala que las funciones de salud pública son compartidas entre los tres niveles de gobierno, es decir: el nacional, el regional y el local. Y es claro que lo que se comparte no se transfiere. Además, los gobiernos regionales y locales gozan de autonomía garantizada por la Constitución y sus respectivas Leyes Orgánicas. Eso ha generado que cada gobierno regional formule sus propias políticas regionales y sectoriales, en clara desavenencia con el mandato constitucional que señala que corresponde al gobierno nacional la rectoría, es decir, la formulación y conducción de las políticas nacionales y sectoriales, la capacidad sancionadora para lograr la obligatoriedad de las políticas en todo el territorio nacional. Es necesario agregar, que la rectoría se ejerce no sólo para el sector público sino también para el privado.
Sin embargo, esa autonomización de los gobiernos regionales en materia de salud, agravó la ya existente e histórica fragmentación. Minsa, Essalud, las sanidades militares y la policial, los servicios de salud privados, los municipios, entre otros, cuyo nexo es el débil Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, complicó su existencia con la irrupción de 25 nuevos actores autónomos.
La enorme fragmentación impide el funcionamiento coordinado, articulado y complementario de los diversos componentes del Sistema Nacional de Salud y en consecuencia, la caída de la eficacia y eficiencia de la capacidad de respuesta sanitaria en detrimento de las necesidades de la población.
Ha transcurrido un año y la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República ha sido incapaz de dictaminar un proyecto de ley del Sistema Nacional de Salud que al amparo de la colaboración de los poderes públicos, pueda fortalecer la rectoría del Minsa sobre su propio sector y sobre el Sistema Nacional de Salud. Además, que le otorgue al Minsa, capacidad sancionadora a nivel nacional y en los tres niveles de gobierno, con la finalidad de hacer obligatorias las políticas nacionales de salud que como ente rector formula y ejecuta.
Hay que tener cuidado frente a aquellas voces que pretende aprovechar la ineficacia e ineficiencia del proceso de descentralización en salud para frenar o restaurar el nefasto centralismo. O a otras voces que pretenden cambiar denominaciones con la finalidad de fortalecer el centralismo a pesar de mantener en el discurso el proceso de descentralización. Pero no nos engañemos. Las cosas no marchan bien. El proceso de descentralización requiere enormes ajustes y modificaciones.
Es necesario que las competencias y funciones delegadas se ejecuten en todas las regiones de nuestro país y en los tres niveles de gobierno. El monitoreo del cumplimiento a cargo del Minsa, debe ser día a día, semana a semana y mes a mes. El acompañamiento permite visualizar el riesgo bajo, moderado o alto de incumplimiento y en consecuencia la intervención del Minsa, no solo es necesaria para sancionar, sino para enmendar y fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales en la ejecución de las políticas públicas en salud. En las condiciones de moderado y alto riesgo, el gobierno nacional debería tener la capacidad de sancionar y separar a los funcionarios designados en las direcciones regionales o gerencias de salud, normar el perfil del profesional que debería ocupar esos cargos y aclarar que si bien es cierto desde el punto de vista administrativo dependen del gobierno regional, desde el punto de vista funcional y técnico, dependen del gobierno nacional en la ejecución de las políticas nacionales de salud.
La herencia dejada por el gobierno anterior es un círculo vicioso perverso. La región que no cumple, que está mal, es declarada en emergencia y por lo tanto el gobierno nacional le transfiere dinero. Es decir, es un estímulo para seguir portándose mal. Ese círculo perverso debe terminar. El Minsa, debería tener la capacidad de intervenir las cuentas de las regiones, por periodos 90 a 120 días, con funcionarios designados por el Minsa con la finalidad disminuir con los propios fondos de las regiones, los riesgos de incumplimientos y preparar los futuros equipos de gestión para lograr un adecuado desempeño en salud. Es decir, la ineficacia e ineficiencia no debería ser premiada.
El Congreso de la República ha perdido un año. Es necesario legislar, sin desnaturalizar el proceso de descentralización, y adecuar los procedimientos y las relaciones entre las regiones y el gobierno nacional para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y su capacidad de respuesta frente a las necesidades de la gente.
Herberth Cuba García
