Incluir para crecer o crecer para incluir
Las situaciones económica, social y política no son las mejores. La ralentización económica, los conflictos sociales y el escaso margen para la gobernabilidad hacen necesarios el diálogo y la concertación. El meollo del debate es el manejo de la economía, a través del presupuesto público.
Menor crecimiento económico, significa pérdida de empleo, disminución de los ingresos de las familias y mayor presión en los servicios públicos, como salud y otros. Los sectores que en modo acostumbrado acudían a los servicios privados no tienen más que usar los servicios públicos. Su presencia como consumidores públicos es un hecho novedoso, porque se realiza como exigencia de un derecho. Sienten que han sido timados por el gobierno, porque han contribuido con sus impuestos cuando estaban empleados. Ahora que los necesitan, reciben servicios que están fuera de sus expectativas. El conflicto de expectativas genera frustración frente a los sectores que ofrecen los servicios, al gobierno y al sistema político.
Es obvio: menor crecimiento económico, mayor exigencia a la labor del Estado. Esa es la trampa. El rol de los políticos en esta coyuntura es clave. La vieja disyuntiva otra vez aflora en el horizonte: incluir para crecer o crecer para incluir. El sentido común señala que sin crecimiento económico es improbable incluir en modo consistente y sólido. Además, las llamadas políticas inclusivas sin crecimiento económico previo han desatado más pobreza y descontento social.
El gobierno necesita un nivel de entendimiento mínimo con los gobernadores regionales, con los partidos políticos y sobre todo con el Poder Legislativo. Es necesario afinar la gobernabilidad para evitar que la oposición democrática se convierta en la caja de resonancia del conflicto social, en la creencia de que así ganarán votos. No, es al revés; perderá la democracia. La naturaleza del conflicto social dependerá de la forma como se retome el crecimiento económico y del optimismo que infundan los hacedores de la política peruana. Enorme reto.
Sin embargo, hay que reconocer que el reclamo de los ciudadanos y sus gremios es legítimo. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que afianzar su colaboración para adoptar medidas favorables a la solución de esos reclamos, sin poner en riesgo el crecimiento económico de nuestro país. La población acepta las desigualdades —señala el filósofo estadounidense John Rawls—, siempre y cuando el beneficio del crecimiento económico llegue a todos. Sin embargo, la caída del crecimiento económico ha creado exclusión de miles de ciudadanos y, en consecuencia, se ha violado este elemental principio de equidad rawlsiano. Esta mirada social y de equidad es imprescindible en la presente coyuntura política.
La aprobación del presupuesto por el Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, es el verdadero plan de gobierno. El presupuesto contiene la mezcla entre crecimiento económico y justicia social. Lo ideal es que esta mezcla sea óptima. El gobierno, ante el magro crecimiento económico, tiene dos grandes retos: ajustar el presupuesto público para lo que resta del año y formular un nuevo presupuesto para el año 2018. En ambos casos la salud deberá tener un trato privilegiado. La razón es sencilla: las enfermedades que sufren los ciudadanos no esperan.
Además los poderes públicos deben poner énfasis en el crecimiento de la inversión privada y pública. Las trabas a la inversión, la falta de confianza en el desempeño de la democracia y la inadecuada lucha contra la corrupción son aspectos que se deben corregir en el más breve plazo. El sector salud tiene un enorme reto en estos tres aspectos. La inversión sanitaria genera rápido retorno. Sin embargo, es necesario mejorar los niveles de eficacia administrativa y la ejecución presupuestal con calidad, continuar con los arreglos institucionales del Ministerio de Salud (con la finalidad de mejorar la respuesta sanitaria, sobre todo en el primer nivel de atención de salud), construir alianzas firmes con los ciudadanos y combatir en modo drástico la corrupción sin paralizar los procesos de gestión.
Los derechos económicos, sociales y culturales son los Derechos Humanos de los ciudadanos que el Perú ha ratificado. Ese es el mínimo requerido para pretender ser una sociedad justa y equitativa. Es el mandato constitucional (según la cuarta disposición final y transitoria) que están obligados a cumplir los gobernantes. Es el punto de referencia para evaluar la eficacia de la democracia y de los gobiernos.
Herberth Cuba García
