La diferencia de precios entre un medicamento de marca y uno genérico es abismal. Por ejemplo: la tira de 10 tabletas de doxiciclina genérica cuesta un sol frente a 45 soles que cuesta el de marca. La doxiciclina es un medicamento que ya no tiene patente, puede ser producido por cualquier empresario. La calidad de ambos productos, genérico y marca, debería ser la misma y el Estado debe asegurarnos que sea así. Eso no ocurre, hay escasez de genéricos en las farmacias y boticas ya que sólo se ofertan los de marca y el control de calidad es casi nulo. Estamos obligados a pagar precios exorbitantes.
Existe una exoneración al IGV y aranceles a los medicamentos oncológicos, diabetes y VIH-Sida con impacto negativo en los usuarios y consumidores, porque contrariamente a lo que se esperaba los precios han subido. Ese forado fiscal debería ser muy fiscalizado y controlado para que cumpla su objetivo o simplemente derogado.
No existe un solo mercado de medicamentos, sino, muchos mercados. Cada medicamento es un mercado. Hay algunos medicamentos que son monopólicos porque tienen patente, otros ya no la tienen pero son únicos, otros son parte de oligopolios. El medicamento es tan importante, que a veces es la única solución de vida para los pacientes. Esta problemática debe ser abordada porque perjudica al ciudadano.
Esta en marcha un proceso de integración vertical de la cadena de suministro del medicamento, desde los insumos, fabricación, distribución mayorista, cadenas de establecimientos farmacéuticos (farmacias y boticas) y otros, con la consecuente creación de oligopolios y monopolios. La integración vertical y/o horizontal no es ilegal, pero el monopolio sí y tiene un grave impacto en el gasto público y privado en salud.
La autoridad nacional del medicamento es muy débil, casi inexistente. Depende directamente del Ministerio de Salud y responde a los vaivenes del poder político. Los países desarrollados tienen un ente autónomo, regulador, como organismo público especializado. La FDA de los Estados Unidos es un claro ejemplo.
Existe la iniciativa de un consorcio privado extranjero para construir plantas industriales de medicamentos que suministren, en condiciones de monopolio los medicamentos y productos biológicos por 25 años para el Estado. (El Estado posee más del 80% de los establecimientos de salud). Esta iniciativa se basa en la Asociación pública-privada con desembolso de la caja fiscal. Es decir, el Estado invierte empresarialmente en un sector pujante de la economía nacional y a través del monopolio liquida la industria y la competencia. La alerta ha sido difundida por los propios empresarios del ramo e indudablemente perjudica a todos los peruanos.
La Ley 30073 autoriza legislar en materia sanitaria en un proceso que se ha llamado de reforma de la salud para “mayor acceso a los medicamentos necesarios para la atención de salud”, sin embargo, el gobierno, el Ministerio de Salud ha perdido la oportunidad para hacerlo. Ha promulgado una sola norma sobre las llamadas “farmacias inclusivas”, reguladas por el DL 1165 y que además es una gran frustración para todos, ya que se refiere exclusivamente a convenios que realizará el Estado con farmacias y boticas privadas para el suministro de 2 medicamentos subsidiados por el Seguro Integral de Salud para sus afiliados. Sólo 2 (Hipertensión y diabetes) y sólo en Lima Metropolitana. Además, el propio nombre de farmacias inclusivas es engañoso, porque según la norma participarán también las boticas.
La orientación mercantilista de la reforma de la salud es evidente. No se trata de ciudadanos que ejercen su libertad en un mercado competitivo. Se trata de un Estado que contrata con algunos empresarios privados en condiciones ventajosas para éstos, en detrimento de la competencia y los ciudadanos. Se hace necesario derogar la norma de las “farmacias inclusivas” y emprender una reforma normativa que resuelva los álgidos problemas del acceso a medicamentos de calidad y a bajo precio, dentro de un mercado competitivo, no monopólico. Reforma sí, pero, no así.
Por Herberth Cuba
