Se ha implementado un sistema de salud que articula diversos sectores
La severidad del Niño Costero ha mellado también nuestra capacidad de respuesta sanitaria. Las lluvias, según el Ministerio de Salud (Minsa) han dejado inoperativos 404 establecimientos de salud en 15 departamentos. Esto, sin embargo, no es el daño mayor, sino que haya restado capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la población afectada también por el desastre. La solidaridad y el esfuerzo por parte de miles de servidores de salud, muchos de ellos también víctimas del desastre, deben ser canalizados en modo unitario, como sistema nacional de salud; es decir, como Estado unitario. En nuestro país, sin tomar en cuenta al sector privado, hay más de 15,000 establecimientos de salud que pertenecen a varios sectores (ministerios): Ministerio de Salud, Ministerio del Interior (Sanidad Policial), Ministerio de Defensa (las tres sanidades militares), los gobiernos regionales y las municipalidades (en menor grado). Sin embargo, cada sector actúa en forma autónoma y según sus propias normas. Es más, cada gobierno regional, en lo que respecta a salud, es autónomo frente al Minsa.
Las abundantes lluvias del Niño Costero y el consecuentes desastre natural han demostrado la incapacidad de cada región para resolver por sí misma sus problemas de salud. Es necesario coordinar y articular una acción del Estado unitario, y desplazar recursos desde las regiones no afectadas hacia las afectadas; es decir, hacia los puntos más críticos. Esta simple constatación empírica demuestra la errónea aplicación del proceso de descentralización del gobierno humalista. Transfirió funciones y competencias del Minsa a los gobiernos regionales y los hizo autónomos, como si nuestro país fuese un país federal. Esa errada política se hizo a contracorriente de la Ley de Bases de Descentralización, que señala que la salud es compartida en los tres niveles de gobierno. Y como ya hemos afirmado reiteradas veces, lo que se comparte no se transfiere.
Los gobiernos regionales han sido sobrepasados en su capacidad de respuesta. El gobierno central está maniatado por una errada política de salud heredada del gobierno anterior, frente al escenario de 750,000 personas afectadas y 120,000 damnificados, entre otros aspectos, relatados en modo amplio por los medios de comunicación. Según, un ex ministro humalista que “brindaba consejos” a la actual gestión ministerial a través de un artículo publicado en El Comercio, el asunto se resolvía con tres medidas: declarar en emergencia, dar más dinero a las regiones (porque ellas saben que hacer) y que los propios servidores trabajen, aún a costo de sus propias vidas. Es decir, miraba el desastre, pero no lo comprendía. Menos aún el daño que había causado la errada política de salud que su gestión causó cuando fue gobierno.
El principio de la primacía de la realidad se impuso. La magnitud del desastre obligó al gobierno a pensar como Estado unitario, a dar una respuesta integral a las necesidades de salud de la población. En ese contexto se ha promulgado el 28 de marzo del 2017 el Decreto de Urgencia (DU) 006-2017, que norma el trabajo conjunto de todos los sectores del Sistema Nacional de Salud y autoriza S/. 114 millones adicionales, entre otros aspectos, para las prestaciones de salud de las personas en las zonas de desastres. Es decir, que los peruanos o extranjeros que se encuentren en las regiones afectadas por los desastres naturales podrán ser atendidos, sin gastar su dinero, por cualquier establecimiento de salud del Minsa, Essalud, gobiernos regionales, sanidades militares y policial, y otros, sin mediar exclusión alguna. Es el trabajo coordinado y articulado del Estado unitario frente a los desastres. Además, se ha facultado al Minsa, ente rector del Sistema Nacional de Salud, a dictar las medidas necesarias para que las prestaciones se realicen y los mecanismos de pago fluyan entre las instituciones prestadoras de salud de los diversos sectores de gobierno.
El DU 006-2017 ha implementado, para enfrentar el desastre natural, un solo sistema de salud que articula diversos sectores y componentes involucrados en el quehacer sanitario. Se ha centrado en el ciudadano, que recibe la atención de salud, indiferente de la fuente de financiamiento a la que pertenece el usuario; pero además ha aplicado el principio “el dinero para la atención de salud sigue al ciudadano”.
La aplicación y la sostenibilidad de la norma es todo un desafío para el gobierno, pues resulta un cambio radical de paradigma. Los altos funcionarios y los intermedios tienen el reto de darle contenido conceptual y práctico al cambio. No es tarea fácil. No habrá aplausos. Sin embargo, ese es el norte.
Herberth Cuba García
