Del Aseguramiento Universal en Salud (AUS) a la Seguridad Social Universal en Salud
El mensaje del presidente PPK del 28 de julio último contiene una frase positiva, que bien podría significar el cambio de paradigma para los funcionarios e involucrados en salud: “cerrar las brechas en el acceso a la salud y a la seguridad social”. Este es el norte. Ya no hay atisbo del concepto de aseguramiento universal en el mensaje presidencial. Este abordaje es concordante con el consenso logrado en el Foro del Acuerdo Nacional el 2015, llamado los Objetivos de la Reforma, que tampoco contiene las palabras “aseguramiento universal” en todo el documento. Es más, en los debates, estas palabras se convirtieron en malas.
El objeto de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud son las instituciones, los daños y condiciones asegurables. Es decir, se norma qué instituciones harán posible que las personas reciban servicios de salud para los daños y las condiciones que la ley ha dispuesto. La norma no se refiere al ciudadano, que queda desprotegido, sino a los daños que presenta el ciudadano, y que no son todos. El listado de los daños cubiertos es decidido por los funcionarios gubernamentales.
Los daños que se encuentran excluidos del listado gubernamental ponen a los ciudadanos que los padecen en la imposibilidad de sanarse y condenados quizá a morir. Este mecanismo es común en los seguros médicos privados y tiene lógica. Hay una relación directa entre lo que se paga y los servicios que se reciben a cambio. Además, si el ciudadano sufre una enfermedad que no está cubierta en la póliza del seguro médico que ha contratado, le queda la ruta de la atención en los servicios de salud del Estado. Sin embargo, el gobierno no puede utilizar esa misma lógica empresarial para sus servicios, porque al ciudadano excluido del listado gubernamental no le queda instancia alguna por recurrir.
Los miembros del núcleo ejecutor humalista han sustentado que, en modo progresivo, se podrán incluir más daños al listado gubernamental, en función de la caja fiscal. “Lamentan que todavía no se puedan incluir todos los daños”. Es decir, han diseñado con frialdad administrativa, alevosía e indiferencia, una maquinaria perfecta para dejar morir a miles de ciudadanos por falta de atención médica.
Sin embargo, el ciudadano puesto en ese abandono por el “aseguramiento universal” tiene en el Poder Judicial, a través de acciones constitucionales y penales, la vía para la defensa del derecho a la salud y la sanción penal para los funcionarios culpables por omisión al socorro. Este mecanismo es lento y tedioso. ¿De qué vale una sentencia favorable si el paciente ya ha muerto? Esa producción legislativa, esa forma de hacer política, es aquello que resumió en magistral frase Hannah Arendt como la “banalidad del mal”. Se ha creado un sistema nacional, de cumplimiento obligatorio, llamado Aseguramiento Universal en Salud (AUS), que deja en abandono y condena a la muerte a miles de peruanos. Los administradores cumplen con las exclusiones con esmero, sin levantar siquiera la mirada ni tomar conciencia de lo que significa esa exclusión. ¡Esa es la banalidad del mal!
Bien ha hecho el presidente de la República al cambiar el paradigma. PPK ha señalado como norte a la seguridad social. No debe amilanarse por las críticas de algunos miembros del núcleo ejecutor de la reforma de salud humalista, quienes insisten “en la perseverancia del aseguramiento universal” y en aplicar desde “los primeros cien días el aseguramiento universal en Essalud”. Es decir, destruir la seguridad social como sistema público —que usa, de manera legítima, al sector privado como complementario—, para que en su lugar, y con sus fondos, implementen el nefasto Aseguramiento Universal en Salud. Es por todos conocido que el Minsa y las sanidades militares y la policial han sufrido ya ese proceso.
Es común recibir cartas de las esposas de los policías, los militares y de los ciudadanos pidiendo ayuda para la atención de enfermedades de sus hijos o familiares —incluso propias—, debido a que estos “daños” no están cubiertos. Ahora que el núcleo ejecutor de la reforma humalista pretende quedarse en el ejecutivo, es necesario desnudar la inconsistencia del modelo AUS en la defensa y protección del derecho a la vida y la salud. Además de impedir que Essalud sea transferido al Minsa, dada la naturaleza actual de este y porque sería un riesgo para la preservación de la seguridad social en salud.
PPK le ha puesto un gran reto a Essalud. Hoy brinda prestaciones al 30% de la población del país. El proceso de formalización laboral alcanzará —al 2021— al 60% de la población. Es decir, Essalud atenderá el doble de usuarios de los que atiende hoy. Este lustro debería ser el del boom del desarrollo de Essalud.
Herberth Cuba García
