Un controvertido proyecto de decreto de urgencia ha generado conflicto entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud (Minsa). No está claro a quién beneficia y menos cuáles son los beneficios.
La norma redefine una serie de términos, modifica el sistema de abastecimiento público de medicamentos, autoriza la transferencia de fondos a la Organización Panamericana de Salud (OPS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) para la adquisición de medicamentos y obliga a un stock mínimo de medicamentos genéricos en las farmacias y boticas privadas, que incluye multas y sanciones, entre otros. Cada acápite podría haberse legislado en modo separado con la finalidad de mejorar el debate y la búsqueda de consenso.
La política del hecho consumado no es una buena alternativa para diseñar la política nacional de salud y menos la de medicamentos. Las controversias y los conflictos surgirán en la fase de implementación. La experiencia internacional y nacional es frondosa y aleccionadora.
