Una contienda que el Minsa debería resolver
Durante los últimos días, ha existido una fuerte controversia sobre el desempeño del Gobierno con relación a los tratamientos “específicos” contra el Covid-19. Incluso se han puesto en debate los derechos de los pacientes y usuarios de los servicios de salud, y también la responsabilidad del Gobierno sobre la capacidad de respuesta frente a la pandemia.
Se promulgaron dos resoluciones ministeriales. La primera es del 13 de abril del 2020, la RM 193-2020-Minsa, que aprueba el “Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por Covid-19”, que en su numeral 7.9 autoriza la inclusión y la utilización de los fármacos hidroxicloroquina y azitromicina en el tratamiento de los pacientes con Covid-19. La segunda resolución es del 12 de octubre del 2020, la RM 839-2020/Minsa, “que aprueba el documento Técnico de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de los hospitalizados por Covid-19” que excluye la administración de estos medicamentos en los pacientes hospitalizados por Covid-19. Ambas resoluciones promulgadas deben incluir una motivación científica que sustente su uso y su posterior exclusión. Según el tenor de las resoluciones, estos estudios están contenidos en los informes que ha suscrito la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del propio Ministerio de Salud (Minsa).
Hay que señalar que hasta la fecha no existe tratamiento específico contra el Covid-19. Sin embargo, el numeral 7.9 de la resolución del Minsa –que autoriza los tratamientos específicos que incluye a la hidroxicloroquina, azitromicina, entre otros– se basa en el argumento de que “existen estudios internacionales sobre el uso de fármacos que ofrecen un limitado nivel de evidencia”. Además, se “respalda” en la solicitud de las sociedades científicas nacionales “en consenso” con el Grupo de Trabajo Covid-19 del Minsa. Como es conocido, la norma ofrece un tratamiento para todos los casos –es decir, para los “leves, moderados y severos”–, presenta un cuadro con los esquemas de tratamiento e incluye la evaluación individual y el “consentimiento informado” del paciente. La segunda resolución del Minsa excluye estos fármacos solo para los pacientes hospitalizados; es decir, para los complicados y graves. Aún se mantienen para el uso en los casos leves y en los tratamientos ambulatorios.
El estudio “Efectividad en el mundo real de la hidroxicloroquina, azitromicina e Ivermectina entre pacientes hospitalizados con Covid-19: resultado de una emulación de un ensayo objetivo utilizando datos de observación de un sistema de salud nacional en Perú”, financiado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, (IETSI) de EsSalud, ha concluido que el uso de estos fármacos no aporta aspecto benéfico alguno en el tratamiento del Covid-19. Y también que la combinación de la hidroxicloroquina con la azitromicina parece incluso empeorar la salud de los pacientes con mayor “riesgo de muerte por todas las causas”: “El estudio no informó efectos beneficiosos”. Es necesario remarcar que los derechos de autor del estudio pertenecen al IETSI de EsSalud, y también que se trata de “un artículo preliminar que no ha sido certificado por revisión de pares”. Es decir, que aún no ha sido evaluado por nuevas investigaciones, y, por lo tanto, no debe utilizarse para guiar la práctica clínica. Eso significa que “los autores no han finalizado el artículo, que puede contener errores”. Aún se espera la revisión y el respaldo de la comunidad científica mundial.
EsSalud emitió el 9 de octubre del 2020 la Resolución de Presidencia Ejecutiva 869-PE-ESSALUD-2020, que da por concluido el encargo de la directora del IETSI, porque “las razones que determinaron dicha encargatura han quedado insubsistentes”; y además porque “se encuentra obligada a guardar la debida reserva respecto de los asuntos o información a la cual haya tenido acceso”. Como se puede apreciar, esta resolución de EsSalud precede ocho días a la resolución del Minsa que excluye los fármacos hidroxicloroquina y azitromicina del tratamiento de los pacientes hospitalizados con Covid-19. Esta coincidencia ha generado una serie de comentarios poco provechosos para la investigación científica y la conducción de las instituciones de salud del país. Sería intolerable una represalia por la prepublicación de un estudio que aún requiere la confirmación de pares de la comunidad científica mundial.
Luego de las dos resoluciones del Minsa y la de EsSalud, se ha puesto en tela de juicio la idoneidad científica de estas instituciones para tomar decisiones. La pobreza de las justificaciones técnicas y científicas, aunadas a la conferencia desde Palacio de Gobierno, en la que se promulgó la primera resolución, generaron mucha esperanza, ante el miedo y clamor de la población. Sin embargo, la realidad era otra. Como sabemos, se trata en realidad de un virus nuevo que, a pesar del tiempo transcurrido, tiene muchas incógnitas.
Los reclamos de los diversos investigadores nacionales y extranjeros para impedir –y luego suspender– la autorización de estos fármacos se han visto contrastados, por otro lado, con la experiencia de profesionales médicos que, según muchos de ellos, han comprobado la efectividad de estos fármacos. Una contienda que el Minsa, como ente rector del Sistema Nacional de Salud, debería resolver. Sin embargo, las marchas y contramarchas han incrementado el conflicto, al punto que existe la tendencia a una politización creciente de esa controversia. Además los riesgos que señalan los estudios de EsSalud, incluso de vida, podrían generar serios litigios legales si el Gobierno y el Minsa no afrontan esta controversia en el contexto de la pandemia y con bases científicas.
