Presidente Sagasti debe rediseñar la lucha contra la pandemia
El 16 de noviembre ha sido elegido presidente del Congreso Francisco Sagasti, quien al mismo tiempo asumirá la presidencia interina de la República hasta el 28 de julio del 2021, debido a la renuncia del presidente interino, Manuel Merino. Este último, a su vez, ocupó el cargo de presidente como producto de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, aprobada por el Congreso de la República el 9 de noviembre del 2020, y acatada en mensaje a la Nación esa misma noche por el vacado. Las movilizaciones y protestas de la población en contra del Gobierno provisional de Manuel Merino eran previsibles; sin embargo, se desbordaron y tuvieron un saldo trágico: dos muertos y decenas de heridos y desaparecidos.
La vacancia del expresidente Vizcarra generó controversias y polarización entre la población. Hubo dos formas de interpretarla. La primera, según la defensa del expresidente Vizcarra, es que se trataría de un golpe de Estado. Los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia serían golpistas; y por tanto, Vizcarra debería ser repuesto en el cargo de presidente, por el propio Congreso o, en su defecto, por el Tribunal Constitucional. Además, los congresistas deberían ser procesados judicialmente por atentar contra la democracia. La segunda interpretación es que la vacancia ha sido constitucional, legal y legítima. Por tanto, el proceso de vacancia ha seguido el debido proceso y se ha garantizado el ejercicio del derecho a la defensa del expresidente.
Las movilizaciones y la protestas, en un inicio, rechazaban la vacancia por la incapacidad moral. Sin embargo, al conocerse los fundamentos y sus causales, la designación de un gabinete que no fue fruto del consenso con el Congreso (además, conformado por personas que ya habían formado parte de gobiernos anteriores, y cuyos presidentes, están presos o tienen problemas con la justicia), la ciudadanía, en modo progresivo enfocó sus demandas hacia la renuncia del ahora expresidente Merino. Así se llegó a la generalizada demanda de “ni Merino ni Vizcarra”. No existió de parte de Merino estrategia comunicacional alguna. Ha sido un gobierno interino autista y breve.
Las protestas y movilizaciones culparon al Congreso por la designación del presidente Merino y por la designación de sus ministros. Los líderes de los partidos políticos deslindaron su responsabilidad y agravaron el aislamiento del gobierno interino. El Partido Morado, que se opuso a la vacancia, y un sector del Frente Amplio se sumaron a las protestas, junto con otros movimientos políticos que no tienen representación congresal. A pesar de que el pulso de la calle indicaba el rechazo al retorno del expresidente Vizcarra, sostenían y defendían la interpretación vizcarrista; es decir, que se trataría de un golpe de Estado. Por eso exigían la anulación de la vacancia y la reposición en el cargo de presidente. El propio Partido Morado, un día antes de la elección de la mesa directiva, emitió sendos comunicados oficiales exigiendo esa reposición.
En ese contexto, la renuncia y posterior elección de la mesa directiva del Congreso se tornó complicada. La interpretación de la vacancia polarizó al Congreso. ¿Cómo un congresista acusado de golpista podría otorgarle el voto al congresista que lo acusa? ¿Cómo votar por el partido que proponía reponer al presidente vacado? Es obvio que eso era inaceptable para la ciudadanía que se encontraba movilizada y en plena protesta. Y también para los 105 congresistas que votaron por la vacancia.
Las posiciones opuestas, con progresivas y extensas negociaciones, incluso con una elección frustrada que no logró los votos mínimos indispensables, se acercaron y lograron el acuerdo para elegir como presidente del Congreso a Francisco Sagasti, uno de los nueve congresistas que tiene el partido Morado. De esa manera, el Congreso ha ratificado la vacancia presidencial, porque el presidente del Congreso ha asumido la presidencia interina de la República. El reconocimiento nacional e internacional ha sido inmediato. La democracia y la República, mediante mecanismos de control constitucionales, ha superado con éxito el desprestigio y la deshonra de la figura presidencial.
Los sucesos políticos opacaron la lucha contra la pandemia. Los miembros del Gobierno del expresidente Vizcarra que implementaron la equivocada estrategia hospitalaria, militar y policial contra la pandemia –con medidas drásticas de aislamiento compulsivo, con el “quédate en casa”, con la prohibición de reuniones, incluso en los domicilios, para evitar los contagios–, cambiaron de inmediato. Llamaron a las marchas, a las protestas y a las movilizaciones masivas. Incluso, algunos médicos pregonaron con “evidencias” que las marchas “no contagian”. Incomprensible conclusión luego de meses de encierro y sacrificio. La temida “segunda ola” ha sido ignorada.
Sin embargo, la pandemia existe y no se puede bajar la guardia. El presidente Sagasti debe replantear y rediseñar la lucha contra la pandemia con el fortalecimiento del Primer Nivel de Salud y el enfoque comunitario. Esta nueva estrategia implica modificar el rol de las Fuerzas Armadas y policiales, y revalorar la participación democrática de la sociedad en la lucha contra la pandemia. Es necesario abandonar el concepto de que la pandemia es una guerra y que debe estar, por lo tanto, a cargo de militares y policías. La pandemia es un problema de salud. Por eso, deben estar en la conducción los médicos y profesionales de la salud, bajo el estricto rigor de la ciencia y la tecnología.
