Pero en el país hay problemas en todos los procesos de vacunación
Entre el 23 y 30 de abril del 2022 se está desarrollando la Semana de Vacunación en las Américas. Este año es la vigésima vez que la Organización Panamericana de Salud (OPS) la celebra, así como, la décimo primera vez que lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS). La tarea del Ministerio de Salud (Minsa) es cumplir con los compromisos asumidos por el Perú desde el año 2002, junto con más de cuarenta países ubicados en el Continente Americano y miembros de la OPS. El objetivo es crear “una campaña sincronizada de vacunación” entre los países miembros para lograr su cobertura universal; sobre todo para “llegar a las poblaciones vulnerables”, que en el caso peruano son las poblaciones nativas u originarias, altoandinas, dispersas, migrantes y las muy pobres.
Cobra especial relevancia la campaña de celebración de la semana de la vacunación debido a los estragos que ha ocasionado la pandemia de covid-19, en perjuicio de la cobertura de la vacunación regular. Las bajas coberturas de los 17 tipos de vacunas que previenen 26 enfermedades afectan y ponen en riesgo a la población: influenza, fiebre amarilla y la reaparición de enfermedades ya erradicadas, entre otras.
Las tasas de vacunación son disímiles en cada una de las regiones e incluso, al interior de cada región. Por ejemplo, mientras que en Lima la cobertura de la vacuna contra la influenza es de 27%, en Madre Dios es de 14%. En el caso de la vacuna pentavalente, en Lima asciende a 76% y en Loreto solo a 58%. En ese sentido, la campaña de la semana de vacunación debería servir para cerrar brechas, recuperar el tiempo perdido y eliminar las desigualdades de cobertura, para consolidar los efectos de las vacunas y proteger en modo eficaz a la población en general.
Es cierto que las inmunizaciones o vacunaciones deben ser permanentes, bajo un esquema regular que mantenga coberturas por lo menos de 90% a 95%. Sin embargo, hace ya varios años que las coberturas de vacunación cayeron, como consecuencia de la priorización de los servicios curativos en desmedro del Primer Nivel de Salud y de la Atención Primaria de Salud (APS) que introdujo la reforma de salud del aseguramiento mercantilista de la Ley 29344, “Ley Marco de Aseguramiento Universal”. Un problema que se agravó con los 23 decretos legislativos promulgados durante el gobierno del presidente Humala.
A fines del año 2016 se empezó un proceso de recuperación de las tasas de inmunizaciones que, sin embargo, quedó trunco desde el año 2020, debido a la pandemia del covid-19, en momentos en que ya se consolidaban las altas coberturas. Además, durante la pandemia, casi se cerraron los centros y puestos de salud y se frenó la implementación de la Ley 30885 de conformación de las Redes Integradas de Salud (RIS) con enfoque comunitario. Es decir, una vez más, se reforzó el enfoque curativo, en detrimento de la medicina preventiva y la Atención Primaria de Salud que son las condiciones esenciales para mejorar las coberturas de las estrategias sanitarias, entre las que se encuentra, la vacunación.
A estas alturas, luego de más de 210,000 fallecidos a causa de la pandemia de covid-19, hasta los promotores de la reforma del aseguramiento mercantilista reconocen que se equivocaron. Es obvio que siempre resulta “hidalgo reconocer errores”, pero a despecho de su congoja, el “costo” ha sido y es demasiado alto. En ese sentido, el gobierno, luego de estas amargas “lecciones aprendidas”, está en la obligación de conducir los cambios y, de esa manera, corregir el equivocado enfoque sanitario del aseguramiento mercantilista.
Sin embargo, los altos funcionarios del Minsa no atinan a señalar la ruta para lograr la transformación requerida. Tampoco, han podido mantener “en piloto automático” los procesos que corregían esas anomalías, como es el caso de la conformación de las Redes Integradas de Salud o las tasas de vacunación contra el Covid-19.
En el primer caso, el anterior ministro señaló que se había paralizado desde el año 2018 el proceso de creación de Redes Integradas de Salud y que existían “serias irregularidades” en el Programa de Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS), en convenio con el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$ 350 millones. Incluso aparentemente habría suspendido consultorías por US$ 300,000. Es cierto, que desde el año 2018, el proceso quedó paralizado, pero el Minsa aún tiene pendiente la aclaración o confirmación de las irregularidades y, de ser el caso, identificar a los responsables y sancionarlos.
En el segundo caso, el proceso de vacunación contra el covid-19 ha sufrido un paulatino descenso desde febrero del 2022. Ha habido vencimiento de algunos lotes de vacunas y se ha revelado un escándalo debido a una dosificación inadecuada de la cuarta dosis de refuerzo. Se ha usado dosis de 100 microgramos de la vacuna Moderna, cuando para las dosis de refuerzo debió haberse utilizado 50 microgramos. Ha habido una equivocación en la determinación de la dosis o posología, que deberían recibir las personas que necesitaban “su refuerzo” que, como se sabe, debería haber sido producto de la prescripción y del “acto médico”.
Hasta la fecha el gobierno “insiste” en que no ha habido error y, por tanto, no ha creído necesario formar comisión investigadora alguna. Sin embargo, se evidencia una afectación a la adhesión de los ciudadanos al proceso de vacunación contra el covid-19 y, en consecuencia, en la aplicación de las demás vacunas ya aludidas.
“¿Estás protegido? Ponte todas tus vacunas”, es el eslogan que ha elegido la OPS para fortalecer la adhesión ciudadana. ¡Difícil tarea, debido a las circunstancias descritas!
