Las leyes promulgadas deben cumplirse
Han transcurrido más de cuatro meses desde que Zulema Tomás asumió la cartera del Ministerio de Salud (Minsa). Sin embargo, aún no ha logrado tomar las decisiones estratégicas necesarias para la implementación de las Redes Integradas de Salud (RIS), al amparo de la Ley N° 30885. El tiempo para la elaboración de los lineamientos y la promulgación del reglamento ha sido incumplido en exceso. Y existe una enorme brecha entre el discurso de los altos funcionarios del Minsa y la realidad.
El martes 14 de mayo del 2019 se promulgó la Ley N° 30946, “que declara de necesidad pública e interés preferente” no solo la construcción del nuevo Hospital Sergio Bernales de Lima, sino además el “fortalecimiento de los niveles de atención del servicio de salud a través de las Redes Integradas de Salud de Lima Norte”. Es decir, una vez más el Congreso de la República insiste en la implementación de las Redes Integradas de Salud, debido al consenso que goza este modelo como solución a los aspectos negativos del sistema de salud del Perú: la segmentación, la fragmentación, la autonomización en salud de los gobiernos regionales y el énfasis en la medicina curativa.
Como sabemos, la segmentación consiste en la separación de los ciudadanos en función de la fuente de financiamiento que pagará las atenciones. Es decir, cada segmento poblacional es autónomo y cuenta con diferentes estándares de atención medica, según sea el segmento más pudiente o más pobre.
La fragmentación significa la coexistencia dentro del país de diversos actores organizacionales sin ninguna vinculación entre ellos. En el Perú coexisten las tres sanidades militares, la sanidad policial, Essalud, Minsa, los gobiernos regionales, los servicios de salud municipales y los servicios privados, entre otros. Por si fuera poco, cada actor organizacional fragmentado está adscrito a un ministerio o sector de ramos distintos.
Además, por algunos errores en el proceso de descentralización, se han generado autonomías regionales en salud frente a la rectoría del Minsa. Además se ha abandonado la medicina preventiva, la promoción de la salud, la intervención en los determinantes económicos sociales y culturales, y la Atención Primaria de Salud (APS).
En consecuencia, cada actor organizacional fragmentado posee sus propios sistemas de información y de procesamiento de datos. Los sistemas informáticos no son interoperables. Ahora compiten, por ejemplo, para implementar sus propios softwares para la Historia Clínica Electrónica. Esta deficiencia hace imposible la articulación de las organizaciones segmentadas, fragmentadas y autonomizadas. Además, a pesar de estar vigente la norma que crea la cartera de atención de salud para el primer nivel de atención, aún no se ha puesto en marcha.
La cartera de atención de salud, también llamada Cartera de Servicios de Salud, permite tener un listado explícito de las actividades que realizan los establecimientos de salud del primer nivel; o sea, los centros y puestos de salud o sus equivalentes públicos o privados, en todo el territorio nacional. Las actividades están definidas y codificadas. El siguiente paso sería la asignación del precio a cada actividad o procedimiento, y a la cartera en su totalidad, para proceder al intercambio prestacional. Es decir, señales económicas claras para los actores públicos y privados, con la finalidad de lograr su articulación y trabajo en la Red Integrada de Salud. Aunque parezca increíble, tampoco el Minsa ha promulgado el reglamento para el funcionamiento del intercambio prestacional, a pesar de que existe una Ley.
La agenda implica, además, derogar y crear el nuevo reglamento de establecimientos de salud y su adecuación a las Redes Integradas de Salud, ubicar a estas en la estructura organizacional de Estado, transformar la actual gestión burocrática en una nueva gestión por procesos y autorizar a las RIS los cobros de los procedimientos administrativos (TUPA), con la finalidad de acercar el Estado a los ciudadanos.
Los procesos de fragmentación, segmentación y autonomización de los gobiernos regionales en salud, y el énfasis en la medicina curativa, reproducen efectos perversos en el ejercicio de los derechos a la salud de los ciudadanos. La baja capacidad de respuesta sanitaria ante las necesidades de la gente y los deficientes indicadores sanitarios son solo sus consecuencias. Parece increíble que incluso el segmento poblacional más pudiente adolezca de atención médica en todo el territorio nacional. La situación del segmento más pobre es mucho peor. Con la actual organización sanitaria, resulta obvio que los ciudadanos no puedan resolver, en modo adecuado, sus necesidades de salud.
Preocupa, por lo tanto, el retroceso en la concepción del modelo. Es inconcebible que las Redes Integradas de Salud funcionen solo dentro del ámbito del Minsa y los gobiernos regionales. La demora y el retroceso representa una contradicción flagrante frente al consenso político alcanzado y a las necesidades de la población. El Congreso de la República debe cumplir su rol fiscalizador para que las leyes promulgadas se cumplan y el esfuerzo legislativo no haya sido vano.
