Tres ideas equivocadas sobre las medicinas “ilegales”
En nota de prensa del 9 de febrero del 2023, el Ministerio de Salud (Minsa) ha informado sobre los “avances en la lucha contra el comercio ilegal de medicamentos,” sobre todo a partir del establecimiento del 10 de febrero de cada año como el “Día contra la falsificación de medicamentos” (Resolución Ministerial 408-2018 Minsa). Según la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (Digemid-Minsa), “se ha incautado más de 33 toneladas en operativos contra el comercio ilegal durante los últimos cuatro años”. Además señala que se han efectuado desde febrero del 2019 más de 50 operativos en Lima Metropolitana. También se realizaron en el Centro Comercial El Hueco, ubicado en la cuadra 14 de la Avenida Nicolás de Piérola del cercado de Lima, “acciones de difusión y sensibilización a la población mediante la instalación de una mesa demostrativa de los productos adulterados y volanteo a transeúntes y conductores informando sobre los riesgos que implica para la salud y la vida el consumo de los medicamentos ilegales, así como, la recomendación a la población para que compren medicamentos solo en farmacias y boticas formales”.
Desde el 2018, año en que se instituyó el “Día contra la falsificación de medicamentos”, no se han realizado estudios detallados sobre los alcances de este ilícito comercio. Antes de la pandemia representaba entre el 25% y el 35% del comercio interno de fármacos, de un universo de más de US$ 4,000 millonesen ventas. Entonces el Perú, estaba ubicado entre los primeros cinco países con mayor falsificación de medicamentos del mundo. Estos estudios serían muy importantes no solo para saber la evolución y magnitud del comercio ilegal, sino también para conocer el impacto de las acciones realizadas por el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de Productos Farmacéuticos y Afines (Contrafalme) y de las medidas legales que se adoptaron; por ejemplo, la tipificación del delito con penas de hasta 15 años de prisión.
Contrafalme es un grupo técnico que está conformado por la Digemid del Minsa, la Policía Nacional, la Fiscalía, las municipalidades, la sociedad civil, los profesionales de la salud y de la industria farmacéutica, entre otros representantes. Tiene como función el combate del comercio ilícito de medicamentos, que incluye la lucha contra el contrabando, la falsificación o adulteración, los etiquetados falsos o “reetiquetados” de productos vencidos o falsificados, así como de otros mecanismos “creativos” que burlan la ley y engañan a la población.
Como se puede apreciar, el liderazgo del Minsa es clave en la elaboración de las estrategias de lucha contra este flagelo. Sin embargo, según las notas de prensa publicadas por el Minsa, eso no ocurre. Por ejemplo, en julio del 2022 el Minsa anunció la campaña “La medicina bamba mata,” que resaltó la importancia de la orientación de las personas en la adquisición de medicamentos en las boticas y farmacias autorizadas, el adecuado uso del observatorio de precios y del aplicativo AhorroMed, la instalación de módulos educativos, las charlas a los agentes comunitarios y la capacitación de los inspectores de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana y en las gerencias de salud de los gobiernos regionales, cuyo resultado e impacto es desconocido.
Es obvio que el Minsa, luego de anunciar la ejecución de una campaña, debió haber presentado también los resultados o su impacto. En la actual nota de prensa solo señalan que se ha incautado 33 toneladas de medicamentos ilegales y se ha realizado una intervención para orientar a los transeúntes en un centro comercial “reputado” por el comercio ilegal de fármacos. A pesar de la pobreza de la estrategia que se presentó el año 2022, la nota de prensa del Minsa con motivo de la efeméride del 10 de febrero del 2023 representa un retroceso. Nótese que no se ha hecho referencia al número de agentes comunitarios capacitados, tampoco al número de regiones o provincias o distritos intervenidos.
El Minsa y sus altos funcionarios deben abandonar la equivocada idea de creer que la lucha contra el comercio ilegal es un problema de las empresas o de los laboratorios farmacéuticos, porque, eso implicaría, también, que los “presionen” para que pongan el financiamiento para la lucha contra este flagelo. En ese sentido, el gobierno y el Minsa no se sienten obligados a combatir el comercio ilegal de fármacos, sin tomar en cuenta que corresponde al Estado proteger la vida y la salud. Como se sabe, “los medicamentos bamba matan” porque podrían contener ingredientes nocivos o sin efecto terapéutico, vencidos o adulterados, cuyo consumo, podría producir el agravamiento de la enfermedad, intoxicaciones, resistencia a los antibióticos y hasta la muerte. En consecuencia, el Minsa y las otras instituciones públicas integrantes de Contrafalme, deben programar o asignar fondos públicos para esa finalidad.
La segunda creencia equivocada es que en un país con tan altos niveles de comercio ilegal de medicamentos, como el Perú, se puede obligar a los médicos a que les cambien el contenido de sus recetas por otros medicamentos “idénticos” o con “similaridad terapéutica”, con la justificación de que todos los medicamentos que se comercializan en el Perú son de “igual calidad”. Al contrario, la existencia del comercio ilegal de fármacos daña la relación médico-paciente y la confianza en la receta médica, porque los pacientes que son afectados o no sienten efecto terapéutico alguno por el consumo de “medicamentos bamba” transfieren su menoscabo resultante a los médicos. Por tanto, los médicos custodian el circuito de la receta, aplican la denominada “medicina defensiva” para protegerse de este inhumano comercio ilegal y evitar injustificadas denuncias en su contra.
La tercera idea equivocada, es que las comunidades son entes pasivos en la lucha contra el comercio ilegal de medicamentos, y que es cuestión de centralizarlas en las Diris o en las gerencias regionales de salud que realizan pesquisas y supervisiones. Al contrario, estás deben realizarse en los centros y puestos de salud, en el Primer Nivel de Salud, basados en un enfoque comunitario, con la más amplia participación social. Hasta la fecha, en este rubro, de nada ha servido la Ley 30885, de conformación de Redes Integradas de Salud, que bien utilizada, es una herramienta poderosa para luchar contra este flagelo. ¡Alto al retroceso!
