La facturación de las clínicas en 2022 ascendió a S/ 2,432 millones
Bajo el título “Facturación de clínicas en Lima crecerá 8.5% y superará los S/. 2,600 millones”, el diario Gestión, en su edición del 3 de abril del 2023, presentó un estudio de la consultora Total Market Solutions que aborda la evolución de las clínicas particulares en el mercado. En ese estudio se muestra que luego de mostrar un crecimiento constante desde el 2017, la facturación de las clínicas presenta un descenso el 2020, pero tiene una recuperación el 2021, con un crecimiento adicional en el 2022 (que se mantiene como tendencia). Otro dato que apunta el estudio es que “los planes de las clínicas son los que han tenido un mejor desempeño”. Asimismo señala que, según Digemid, “al margen de tener un seguro público o privado, los peruanos gastan más de S/ 11,000 millones en salud cada año”, y se resaltan dos aspectos adicionales: por un lado, que “los establecimientos médicos compiten con la atención que las personas buscan en las farmacias; y por el otro, que “el sector privado es una buena alternativa. Y como el 75% de los trabajadores en el Perú son independientes, los planes de las clínicas siguen creciendo”.
El estudio señala que la facturación de las clínicas en 2022 ascendió a S/ 2,432 millones. Un monto que desglosado corresponde, en primer lugar, al copago o los gastos directos de bolsillo del usuario, que ascienden a S/ 377 millones, con un crecimiento del 27.9% frente al 2021; en segundo lugar, la facturación regular (EPS, seguros y otros) solo tuvo un crecimiento del 2.6% y asciende a S/ 2,055 millones. Es decir, a pesar de que las clínicas reportan crecimientos en todas sus fuentes de financiamiento, las de mayor dinamismo han sido los planes de salud propios y los pagos directos de bolsillo.
Como se puede apreciar, la dinámica de los servicios privados va a contracorriente del modelo del aseguramiento mercantilista, creado por la Ley 29344 “Ley marco de aseguramiento universal en salud”. Si bien es cierto que la Ley 29344 reconoce a los autoseguros y fondos de salud como instituciones administradoras de fondos de salud (Iafas), también es cierto que los planes prepagados de salud propios de las clínicas, en la mayoría de los casos, están a cargo de las propias clínicas, en su calidad de instituciones prestadoras de salud (Ipress). Eso colisiona con el principio de la separación de funciones financiador/prestador, que deberían ser administradas por instituciones distintas (los fondos por las Iafas y las prestaciones por las Ipress), que es el eje del modelo del aseguramiento mercantilista. Además la implementación de la Ley 29344 tiene como objetivo disminuir, hasta desaparecer, el gasto directo de bolsillo de los usuarios o pacientes, mediante la promoción de la intermediación financiera con la participación de las empresas aseguradoras privadas o públicas. Sin embargo, al contrario, el gasto de bolsillo se ha incrementado.
En ese sentido, la constatación de Digemid de que “al margen de tener un seguro público o privado, los peruanos gastan más de S/ 11,000 millones en salud cada año” o que las farmacias compiten con las clínicas, hospitales y centros de salud por la atención de los pacientes, grafica la gravedad de las falencias. Resulta intolerable e inhumana la escasez o ausencia de medicamentos en las instituciones de salud que están obligadas, por ley, a proporcionarlos. Además el sistema de prepago, en sus diversas modalidades –como el que ofrecen las empresas aseguradoras privadas, o las clínicas privadas mediante sus propios planes prepagados (autofondos) o los seguros públicos (SIS)– prioriza las prestaciones curativas o recuperativas en detrimento de las actividades de prevención y promoción de la salud.
El fiasco mayor del modelo del aseguramiento mercantilista se produjo durante la pandemia de Covid-19, porque se hizo patente el abandono de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, así como de la Atención Primaria de Salud (APS), de la intervención en los determinantes económicos, sociales y culturales de la salud, la medicina preventiva y la promoción de la salud. Es necesario aclarar que a pesar de que el Seguro Integral de Salud, según la Ley 29344, es un “fondo de aseguramiento” o previsional, en realidad aún no funciona como tal porque según el Decreto Supremo 058-2011-PCM es un Organismo Público Especializado (OPE) que funciona como un fondo del Ministerio de Economía y Finanzas gestionado por el Minsa. Por tanto, aún existe controversia sobre la naturaleza del SIS, si se trata de un sistema previsional o de un fondo de alivio a la pobreza.
En este contexto normativo adverso, con un modelo de aseguramiento mercantilista, el ciudadano se ha visto obligado a asumir sus propios riesgos de salud mediante el gasto de bolsillo o la afiliación a los planes propios de las clínicas privadas que merecen su confianza. Es así que las clínicas –como San Pablo, Angloamericana, Ricardo Palma, Auna y Maison Santé, entre otras– se han adaptado a la realidad, han canalizado las iniciativas de cubrir los riesgos de salud de miles de emprendedores independientes que voluntariamente se afilian a sus planes de salud, a pesar de la existencia de las aseguradoras privadas “clásicas”, o del seguro público independiente de EsSalud o del Seguro Integral de Salud.
Mención aparte merece la Seguridad Social (EsSalud), que por su naturaleza y doctrina aborda también la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, al brindar prestaciones médicas y de salud, prestaciones económicas y sociales. Su recuperación es progresiva y consistente, luego de la caída estrepitosa ocurrida el 2020. Sin embargo, su existencia está en riesgo. Primero, por la vigencia de la Ley 29344, que exige que EsSalud abandone la doctrina de la seguridad social y se convierta al fallido modelo del aseguramiento mercantilista. Sin embargo, debido a que este último no ha demostrado ser superior, sino todo lo contrario, aún se mantiene por presión social. Segundo, hay fragilidad en su sostenibilidad financiera debido a leyes que perforaron su solvencia económica (exoneraciones) o por la inclusión de nuevos afiliados con nulo o escaso aporte económico (populismo o demagogia), así como por el manejo poco juicioso o incluso deshonesto de sus recursos. Y tercero, la inestabilidad en la gestión con escaso profesionalismo e idoneidad. Alcanzar la seguridad social universal implica que el sector privado cumpla su rol complementario en salud.
