Las irregularidades electorales y el principio de igualdad del voto
Los resultados de esta primera vuelta electoral, no han definido la conducción del Poder Ejecutivo, debido a que ningún candidato ha logrado más del 50% de los votos, por tanto, se requiere de una segunda vuelta, entre los dos candidatos más votados, para definir quién ocupará el cargo de presidente de la República. Sin embargo, esta primera vuelta ya ha definido la composición del Congreso de la República y del Parlamento Andino. En esa línea, solo falta que concluya el conteo y que se publiquen los resultados electorales. Un hecho grave, ocurrido el día 12 de abril, día de la votación, es que se impidió, según las fuentes oficiales de la propia ONPE, que 63,300 ciudadanos no emitieran su voto, debido a que los materiales electorales nunca llegaron a sus centros de votación.
Es obvio que esta falencia acarrea responsabilidades, no solo constitucionales, sino penales, civiles y administrativas, sino que altera los resultados electorales a favor de candidatos que no tienen fuerza electoral en Lima, pero sí en las regiones. Al contrario, la omisión resta votos a los candidatos que tienen alta votación en Lima Metropolitana, y favorece a los candidatos cuyo arrastre es mayor en provincias, sobre todo, en la sierra centro y sur. Este proceder, ya ha sido observado en el proceso electoral del 2021, con la invalidación de votos en los diversos centros de votación de Lima Metropolitana, según quejas de los propios candidatos, de hasta más de 40 mil votos, que fue la diferencia con la que se ganó la presidencia en ese proceso electoral. El reclamo, por la revisión de la votación cayó en saco roto porque la ley mandaba destruir los votos. En cambio, en el actual proceso electoral, la ley ordena conservar los votos, para permitir futuras cotejas, en caso en que se presenten reclamos. Ese cambio normativo ha echado candado a lo ocurrido en el 2021. Pero, ahora, otra vez, sin explicación válida, se anularon 63 300 votos, al impedirles votar, en Lima Metropolitana, que, como, es natural, con las mismas consecuencias electorales que el año 2021.
Esta vez, a diferencia del 2021, el reclamo y la movilización social han sido inmediatos y han obligado al Jurado Nacional de Elecciones a dar un paso atrás y continuar, el día 13 de abril del 2026, con la votación en aquellos locales que fueron impedidos de votar en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, así como, en dos circunscripciones electorales de Estados Unidos. Sin embargo, el daño ya está hecho. Para estos electores, con el conocimiento de los resultados, a boca de urna y el conteo rápido, las expectativas han cambiado y probablemente el sentido de su voto, no solo para los candidatos a la presidencia, sino, también, para los candidatos al Congreso, por el “fenómeno del voto perdido” o el “voto útil” o el “voto estratégico,” en fin, sea cual sea la percepción del ciudadano.
En ese sentido, en primer lugar, los votantes del domingo 12 con los del lunes 13, son cualitativamente distintos, en los primeros primó la convicción, por ser un voto a ciegas, mientras que para los segundos se ha convertido en una reacción estratégica, por tanto, se ha violado el “principio de igualdad del voto” porque se ha roto el principio de simultaneidad del voto e igualdad de condiciones. En segundo lugar, no debe pasar desapercibido el perjuicio o la posible modificación de su composición, como consecuencia de la violación del principio del igualdad y simultaneidad del voto, en la elección para las cámaras de diputados, de senadores y al Parlamento Andino, así como, el arrastre de los partidos para pasar la valla electoral. En tercer lugar, no ha habido una reacción inmediata para evitar lo ocurrido, como, por ejemplo, la auditoría preventiva, el mismo día, antes del inicio de la votación, sobre todo en zonas de riesgo, o un plan alternativo, si la auditoria mostraba dificultades, con el concurso de las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, si se detectó la “crisis logística”, el mismo día de las elecciones (12 de abril) porque no se ordenó un apagón informativo nacional hasta que el 100% de las mesas estuvieran instaladas. Esa inacción, evidencia, no que no existía ningún plan de remediación ante el impedimento electoral de 63,300 electores. Al contrario, refuerza la importancia de los reclamos y las movilizaciones.
Queda la duda sobre si se trata de un error logístico o de un patrón reiterativo para favorecer a algunos candidatos con menor arrastre en Lima Metropolitana. Existen aspectos del proceso electoral que no deben pasarse por alto. En primer lugar, en este proceso, ha habido una reincidencia geográfica “casual” en Lima Metropolitana que se denunció en el 2021. La ONPE ha reconocido el fallo en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac de Lima Metropolitana. La coincidencia geográfica del “error” genera dudas o desazón. Segundo, que la empresa contratada como operador logístico para esa zona, ya había sido sancionada en tres ocasiones anteriores por fallas idénticas, lo que podría configurar un “error administrativo” o “un riesgo creado deliberadamente”. En tercer lugar, el actual jefe de la ONPE fue el mismo que tuvo a cargo el proceso electoral del 2021. Esa duda en el actuar de ese entonces y su ratificación, obtenida tras la incorporación de dos nuevos miembros a la Junta Nacional de Justicia, fue decisiva para que el funcionario asuma la dirección del proceso electoral del 2026, pese a no haber sido ratificado en primera instancia. En cuarto lugar, es irrelevante señalar a la derecha o a la izquierda cuando se violan normas electorales. La manipulación electoral es una herramienta de poder no de ideología. Por eso, el reclamo ha sido tan masivo, aunque, hay algunos pocos silencios preocupantes.
Los hechos ocurridos el 12 y 13 de abril del 2026, revela una fractura en el sistema democrático debido a la erosión de la confianza en el sufragio. La manipulación de los procesos electorales, por acción, omisión o negligencia inexcusable, no es patrimonio de la derecha o de la izquierda, es la expresión de una disfunción del poder que erosiona el pacto social y la convivencia pacífica. Es necesario restaurar la confianza en la democracia, con una fiscalización rigurosa de los procedimientos electorales, con el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles, penales y constitucionales, así como, drásticas sanciones. ¡Defender el voto y la democracia!
Por Herberth Cuba
