Ahora se les quiere acusar de “traición a la patria”
El 27 de diciembre se ha promulgado el Decreto Supremo 013-2020-DE “que precisa las acciones del Grupo de Trabajo Te Cuido Perú y establece la Estrategia Operación Tayta a nivel nacional”. Todo ello al amparo del Decreto Legislativo 1136, que señala que “el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el Órgano Ejecutor y conductor de las acciones cívicas, y las coordinaciones con otras instituciones y sectores públicos”. Además, se aprueba como acción cívica a la Estrategia Operación Tayta, con cinco componentes de acción en “la detección, aislamiento, asistencia alimentaria, seguimiento y control médico, así como tratamiento de fallecidos” durante la pandemia Covid-19.
La norma también precisa que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejerce liderazgo sobre la Policía Nacional, Ministerio Salud (Minsa), EsSalud, Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Secretaría del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los gobiernos regionales y locales, así como de las juntas vecinales y organizaciones de la sociedad civil en general. Además, dispone del financiamiento de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales, al Tesoro Público.
Como sabemos, el 14 de abril del 2020 se promulgó el DS 068-2020-PCM que crea el Grupo de Trabajo Multisectorial “Te cuido Perú” liderado por el Ministerio de Defensa que, además, con una plataforma digital ha sido encargado de la geolocalización de las personas y su entorno directo, así como de otras herramientas para el seguimiento clínico, vigilancia y monitoreo durante la pandemia. La justificación para esa medida, en su momento, era que los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención estaban casi cerrados y que no existía trabajo comunitario. Es decir, las acciones cívicas de las Fuerzas Armadas reemplazaron al trabajo de los puestos y centros de salud y al enfoque comunitario; pero además, para mayor eficacia, se suspendió el derecho humano al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, normados en el artículo 2 inciso 10 y otros, de la Constitución Política del Perú.
El Minsa ya había creado el primero de abril del 2020, mediante RM 155-2020-Minsa el “Comando de Operaciones Covid-19”, bajo el liderazgo de la médica Pilar Mazzetti, para dedicarse a implementar, ejecutar, controlar y evaluar la atención médica y de salud en el nivel hospitalario de cada uno de los componentes del Sistema Nacional de Salud. En pocos días se crearon los Comandos de Operaciones Covid-19 regionales, la mayoría de las veces bajo comando militar. Se había configurado y consolidado la estrategia hospitalaria, militar y policial de lucha contra la pandemia.
El sustento de esta equivocada estrategia se basaba en la creencia que la pandemia era una guerra y, por tanto, debería ser conducida por los militares y sus comandos. En la conformación del Comando de Operaciones Regional Covid-19 de Arequipa, el 9 de abril del 2020, es que la actual ministra de Salud usó por primera vez la frase traición a la patria, para referirse a aquellos profesionales de la salud que no acataban las órdenes del Comando, con los siguientes términos: “Esta es una guerra y, si alguien no actúa, procedemos como en una guerra, donde no actuar es traición a la patria”.
Es improbable que un ciudadano crea que una pandemia es una guerra y que debe ser liderada por los militares. Es obvio que la pandemia no es una guerra, sino un problema sanitario, que debe ser enfrentada por los profesionales de la salud, con el uso de la ciencia y la tecnología, sobre la base de los determinantes económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, ahora, una vez más se ha ratificado el enfoque hospitalario, militar y policial y las acciones cívicas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que han sustituido el enfoque comunitario y la reactivación y fortalecimiento del Primer Nivel de Atención.
Como sabemos, para evitar la politización del enfoque comunitario en pleno proceso electoral, es indispensable que se realice bajo las normas que regulan la conformación de las Redes Integradas de Salud, a cargo del viceministerio de Prestaciones del Minsa. Sin embargo, existe un proceso de creación de comités vecinales contra el Covid-19, en clara desconexión con los establecimientos de salud y con las Redes Integradas de Salud, por parte del viceministerio de Salud Pública, también del Minsa. Es decir, las acciones cívicas, y los comités vecinales dificultan la conformación de las Redes Integradas de Salud.
En ese contexto, el 26 de diciembre del 2020, la ministra de Salud ha reiterado el agravio a la profesión médica con el uso de la tipificación del delito de “traición a la patria” en relación con el comportamiento de un reducido número de médicos, que no atienden en el sector público por encontrarse como población de riesgo, pero que, según afirmó, laboran para el sector privado. Menudo problema que cada hospital o establecimiento de salud puede corregir y sancionar, porque existen los mecanismos legales adecuados e idóneos; pero que de ninguna manera da pie a calificar a los médicos de traidores a la patria. El gobierno ha tomado un rumbo equivocado. La ideología y la percepción militarista del Minsa no justifica el agravio contra la profesión médica. ¡Cuando el agravio es reiterado, sí merece ser sancionado!
