Una propuesta metodológica para el estudio de la pobreza multidimensional
En noviembre del 2023 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha dado a conocer el documento “Perú: Medición de la pobreza multidimensional. Dimensiones e indicadores. (Revisión 2023)”, elaborado con información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y la Evaluación Muestral de Estudiantes (EM), porque, según el INEI, “constituyen las principales fuentes de información estadística, económica y social del país”. Asimismo, se ha dado cumplimiento al Decreto Supremo 002-2023-MIDIS, cuyo objeto ha sido “declarar de prioridad nacional la elaboración y aprobación de la medición oficial de pobreza multidimensional, complementaria la medición de la pobreza monetaria, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) al 2030″.
En ese sentido, según el DS 002-2023-MIDIS, la propuesta metodológica para el estudio de la pobreza multidimensional ha sido aportada por el Ministerio de Inclusión Social, “con métodos internacionalmente aceptados” para seis dimensiones, en las que incluye a salud, educación, vivienda, servicios básicos, empleo y previsión social y conectividad. También el INEI aclara que ha propuesto un tablero “de bordo” con indicadores, que amplía y ajusta la propuesta inicial del Midis. En esa línea ha agregado dos dimensiones adicionales, a la energía y a la seguridad; es decir, ocho dimensiones esenciales de bienestar con 29 indicadores, distribuidos de la siguiente manera: salud (6 indicadores), educación (8) vivienda y entorno (3) servicios básicos (3) energía (2) empleo y previsión social (4) seguridad (2) y conectividad (1).
Los seis indicadores propuestos para la dimensión salud son: carencia de atención médica; carencia de seguro de salud; presión arterial en adultos de 50 a 59 años; problema de salud crónicos en adultos mayores; discapacidades en adultos mayores; y seguro de salud en adultos mayores. En ese contexto el análisis de los dos primeros resulta pertinente, debido a que demuestra la precariedad y la falacia con que se ha construido el modelo de salud vigente, conocido como “aseguramiento mercantilista”.
El primer indicador es la carencia de atención médica que es definida “como aquella población que en las últimas cuatro semanas presentó algún problema de salud o que se atendió en un lugar no adecuado o que no buscó atención médica por alguna razón diferente a que no era grave o que no era necesario». En ese sentido, se constata que para el año 2022, el 31.2% de la población a nivel nacional presentó carencia de atención médica. Además, que para la zona urbana ha sido 29.6% y 37.3% para el área rural. El desglosado por regiones o departamento evidencia una enorme disparidad e inequidad, por ejemplo, Puno, posee 55.4% de carencia de atención médica. El INEI, resalta que la opinión remitida por el sector salud, para este indicador ha sido hecha a destiempo, pero que precisa que la “información de atenciones y atendidos de la población se encuentra en la base de datos HIS Minsa».
Asimismo, resalta que el indicador tiene limitaciones porque, por un lado, no considera los atributos de calidad y asequibilidad y tampoco incorpora la carencia a medicamentos; y, por otro lado, es un indicador ligado a la parte recuperativa, sin especificar la intensidad o gravedad del daño a la salud y tampoco incorpora la parte de promoción, prevención, rehabilitación y a los cuidados paliativos. Y como tarea pendiente, plantea “explorar el gasto de bolsillo de salud, así como los tiempos de espera para recibir un servicio de calidad». Son sensatos los comentarios que realiza el INEI al indicador, sin embargo, falta indagar las “causas de las causas,” es decir, de los determinantes sociales de la salud, que determinan la enorme carencia de atención médica a nivel nacional, por regiones, por provincias y distritos. Es decir, las cifras no han sido validadas con la población, sobre todo, por miembros de los comités distritales de salud que ya existen o están en formación en todo el país.
El segundo indicador, es la carencia de seguro de salud que es definido como “aquella población que declara no encontrarse afiliada a ningún tipo de seguro de salud. Es decir, que reporta no contar con afiliación a EsSalud, a seguro privado de salud, a una entidad prestadora de salud, a seguro de las Fuerzas Armadas o Policial, al Seguro Integral de Salud (SIS), seguro universitario, seguro escolar u otro». El resultado para este indicador es controversial porque, por un lado, señala que existe carencia de seguro para un 14% de la población a nivel nacional que incluye al área urbana con un 15.4% y al área rural con el 8.5%. Por otro lado, tanto el Minsa como la Comisión Consultiva del INEI señalan que según el Decreto de Urgencia 017-2019 la población que no tiene seguro tiene el derecho de afiliarse al Seguro Integral de Salud.
En ese sentido, señala que el indicador de carencia de seguro de salud, en realidad “mide el nivel de desconocimiento de la población sobre su afiliación al SIS y, por tanto, proponen que en el futuro este indicador debería retirarse de la medición de la pobreza multidimensional». Sin embargo, esta apreciación del INEI se contrapone a la realidad. Por un lado, la población que señala que no tiene seguro de salud, que es del 14% a nivel nacional, considera que la afiliación al SIS no le brinda las atenciones ni los servicios que necesita. Es posible, por tanto, que no se encuentre desinformada, sino que considere que el SIS no es un seguro de salud. Por otro lado, la población define la carencia de seguro de salud como la inexistencia de servicios de salud a su alcance. Es decir, no separa la función financiera que cumple un seguro de salud de la función prestacional que espera el ciudadano. La brecha que existe entre estas dos funciones ha convertido en sarcasmo la frase que en el “Perú más del 99.5% de la población está cubierta con un seguro de salud».
Las cifras que aporta el INEI, solo en estos dos indicadores, sirven como justificación para emprender una cambio y transformación del modelo de organización del Sistema Nacional de Salud, con la conformación de Redes Integradas de Salud con la finalidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho a la salud y a la seguridad social universal. Por tanto, es contraproducente insistir con las mismas “recetas” del pasado, como, por ejemplo, con la ampliación del plazo del Plan de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 2011-2021, ahora hasta el 2027, porque es fuente de los lamentables resultados sanitarios existentes. ¡Cuidado con el retroceso en la salud!
