Amazonía es esencial para regular el clima y las lluvias a nivel global
La frase del secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, en la cumbre de líderes mundiales de la COP26, sobre el cambio climático (que se realiza en la ciudad de Glasgow, Escocia, desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre del 2021), que señala que “partes de la selva amazónica emiten ahora más carbono del que absorben”, debe llevar al gobierno del Perú y a la población en general a una profunda reflexión.
El rol de la Amazonía como bosque tropical más grande del mundo, es esencial para regular el clima y las lluvias a nivel global y, por tanto, la temperatura del clima y otras funciones conexas útiles para la sobrevivencia de la humanidad. En ese sentido, es uno de los más importantes proveedores de servicios ambientales para el mundo y contribuye con el almacenamiento de más de 130,000 millones de toneladas de carbono. Asimismo, el secretario general de la ONU agregó que “nuestro planeta está cambiando ante nuestros ojos: desde las profundidades del océano hasta las cimas de la montañas; desde el deshielo de los glaciares hasta los incesantes fenómenos meteorológicos extremos… Los océanos están más calientes que nunca, y se calientan más rápido… El último informe publicado sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional mostró que estas seguirían condenando al mundo a un calamitoso aumento de (la temperatura) 2.7ºC”. Asimismo, ha señalado que el objetivo “es 1.5 grados centígrados”; es decir, “reducir en un 45% las emisiones globales para el 2030”.
En ese contexto, la responsabilidad del gobierno para ejercer la soberanía territorial, incluida su parte de la Amazonía, es fundamental porque las deficiencias o falencias de la gestión ambiental tienen implicancias globales. Al contrario, una eficaz contribución a la mitigación del calentamiento global convertiría al Perú en un socio estratégico mundial, con la preservación irrestricta de su independencia y soberanía. Es necesario tomar en cuenta que las alertas contra la catástrofe mundial, debido al calentamiento global, podrían justificar la introducción de mecanismos de gestión ambiental tuteladas mediante acuerdos para la Amazonía, promovidas desde las grandes potencias que arrastren mecanismos extraterritoriales de solución de controversias, con pérdida de la soberanía nacional, jurídica al inicio, para luego, bajo esos mecanismos, legalizar incluso la intervención directa. Cómo se puede apreciar, su activa participación, e incluso de liderazgo, es esencial para el Perú.
En ese sentido, la Política General del Gobierno aprobada mediante el Decreto Supremo 164-2021 aborda el tema, aunque en forma parcial e incompleta. Como es conocido, diez son los ejes de la Política General de Gobierno; y en el séptimo, se refiere a la “gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno” que cuenta con dos lineamientos: el primero, cuidado de nuestro entorno y de nuestra diversidad biológica con cuatro líneas de intervención, la primera, “transitar hacia una economía baja en carbón y con capacidades de adaptación frente al cambio climático, preferentemente de las poblaciones y “territorios” más vulnerables”. Esta línea de intervención no enfrenta el problema global del cambio climático, además, tiene una mirada local, e inclusive, referida “preferentemente” a los “territorios vulnerables” y sus habitantes, cuando, el abordaje debería ser universal, porque es un problema que afecta a la humanidad, sobre todo, que el gobierno del Perú tiene a su cargo la gestión de una parte importante de la Amazonía. La segunda, plantea “impulsar acciones para la reducción de la contaminación atmosférica, del agua, suelos y plásticos e incrementar la disposición de los residuos sólidos, “contribuyendo” a la reducción de la morbilidad y la mortalidad de las personas”. En esa misma línea, muy local y operativa, agrega en la tercera y cuarta líneas de acción, “eliminación de las trabas de cobros de infracciones ambientales y fortalecer el sistema de gestión y fiscalización ambiental de las actividades económicas”. Increíblemente no existe una sola línea referida al combate y erradicación de las actividades ilícitas, muy rentables, que ocasionan enorme daño ambiental (minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico, quema de bosques, pesca con explosivos, entre otras).
El segundo lineamiento del séptimo eje plantea “fortalecer las acciones preventivas, de atención y contención frente a nuevos escenarios de riesgos naturales o antrópicos (producidos por el hombre)”, que posee dos líneas de acción, referidos a la “resiliencia de las personas” y al fomento de esfuerzos, con la cooperación internacional, para la recuperación económica, social y ambiental, sobre todo de las poblaciones vulnerables y de mayor pobreza”. Llama la atención que no exista, aunque sea una pequeña referencia, a los estudios de impacto ambiental, al rol del Estado en la fiscalización ambiental, a la lucha contra las actividades económicas informales e ilegales que depredan y dejan enormes pasivos ambientales, entre otros. Tampoco, mecanismos de remediación ambiental y la creación de establecimientos de salud, apropiados con programas para prevenir y tratar los efectos de los contaminantes biológicos, químicos y de energía radiante, esta última, debido a la pérdida de la capa de ozono.
Mientras la agenda mundial estaba puesta en Glasgow, el presidente de la República realizaba una visita oficial a Bolivia. Dadas las circunstancias y debido al rol que le tocaría cumplir al Perú en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global, el gobierno debió no solo participar con su más alta autoridad, sino también asegurar, bajo su liderazgo, la participación de los países andinos, que padecen los efectos devastadores del cambio climático y el deshielo de los Andes. Asimismo, también para liderar los esfuerzos con los otros países amazónicos, en defensa de su correspondiente soberanía nacional.
