Es necesario fortalecer a las RIS como eje del cuidado integral
El 5 de abril la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Congreso archivó el dictamen conjunto de cuatro proyectos, uno de ellos presentado por el Poder Ejecutivo (el 2735/2022-PE), que crea el Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de reconocer el derecho al cuidado, el trabajo doméstico no remunerado y promover la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las familias.
Las razones que arguye el Dictamen de Archivo son: en primer lugar, los problemas de legitimidad de la propuesta, ya que, según la Comisión, no evidencia las consultas con las organizaciones de la sociedad civil afectadas. En segundo lugar, crea nuevos aparatos estatales, sin una evaluación clara de costos y sin asignar recursos adicionales, es decir, genera exceso de burocracia. En tercer lugar, se produciría una intervención estatal excesiva, que vulneraría la autonomía de la familia y el principio de subsidiariedad del Estado, al pretender regular y sancionar las relaciones de cuidado dentro del hogar. En quinto lugar, la propuesta legislativa contiene, según la Comisión, una carga ideológica, al incluir términos como “mujeres en su diversidad” e “identidad de género”, considerados parte de un enfoque ideológico. Como se puede apreciar, el derecho humano no ha sido cuestionado.
El cuidado, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), es una necesidad humana y un derecho. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resalta el aspecto económico del cuidado al señalar que es un trabajo remunerado y no remunerado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza el bienestar social y es concebido como “el apoyo necesario a lo largo de toda la vida de las personas, desde la infancia hasta la vejez, así como en momentos de enfermedad y dependencia”. En ese sentido, el cuidado es el soporte esencial y continuo que garantiza el bienestar físico, mental y social de las personas a lo largo de toda la vida, reconocido como un derecho humano, un trabajo que genera valor económico y una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las familias para asegurar una vida digna y autónoma.
Los cambios demográficos que enfrenta el Perú son ineludibles. La población adulta mayor seguirá creciendo en los próximos años, y con ella, la demanda de cuidado. El Estado debe responder a esta demanda de manera oportuna y efectiva, articulando esfuerzos con la sociedad civil, el sector privado, y las familias. Según el INEI del 2024, la población menor de 15 años asciende a 8.13 millones y la adulta mayor de 60 años es de 4.7 millones de una población total de 34.04 millones. Como se puede apreciar, la población menor de 15 años representa el 23.9% del total. Este grupo, aunque sigue siendo significativo, muestra una tendencia a la baja, debido a que el crecimiento poblacional es de 1.3%. En contraste, la población adulta mayor (60 años y más) ya supera el 13.9% y crece a un ritmo anual del 2.7%. Encima, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2024, sólo el 27% de la población adulta mayor reportó “haber recibido una pensión”. Es decir, más de 3.4 millones de personas no cuentan con un ingreso regular de subsistencia. El saldo de 1.27 millones de adultos mayores, reportó tener algún tipo de pensión, de estos, el 24.5% reciben los 250 soles bimestrales de pensión 65. Es decir, solo 3 adultos mayores de 10 tienen pensión. Además, la Encuesta Nacional de Hogares del 2021, señala que el 53% de la población adulta mayor “tiene alguna discapacidad.” Pero, como se sabe, la discapacidad no solo afecta a la población adulta mayor.
Estos datos demográficos subrayan la necesidad de continuar con el fortalecimiento del Modelo de Cuidado Integral a largo de toda la vida de las personas, que los proteja de las enfermedades crónicas y mejoren los servicios sociales asociados. En ese contexto, el 17 de octubre del 2024, se promulgó el Decreto Supremo 019-2024-SA que aprobó el nuevo reglamento de las Redes Integradas de Salud (RIS), que aunque su objetivo principal es organizar la provisión de servicios de salud, su alcance es mucho más amplio, porque define e implementa el Cuidado Integral de Salud, es decir, no se limita solo a la atención médica, sino al cuidado, por tanto, abarca la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, así como, a las prestaciones económicas y sociales.
En ese sentido, el reglamento menciona explícitamente que la Red Integrada de Salud provee «prestaciones de salud, económicas y sociales cuando corresponda», además, se mencionan los «mecanismos de incentivos que favorezcan la integración para la provisión de servicios de salud». También gestiona los Determinantes Sociales de la Salud que impactan en la salud, coordinando con otros sectores o ministerios y la comunidad, con Comités Distritales de Salud, presididos por el alcalde. Esto implica abordar problemas como la pobreza o la falta de acceso a servicios, que son centrales en la lógica del Sistema Nacional de Cuidado.
Por tanto, es necesario, en primer lugar, fortalecer a las Redes Integradas de Salud como eje del cuidado integral, con la ampliación de su cartera de servicios para incluir prestaciones específicas para el cuidado de personas adultas mayores, como servicios de atención domiciliaria, centros de día, y programas de apoyo a cuidadores. Así mismo, desarrollar las «vías de cuidado integral en salud» específicas para el envejecimiento, que articulen los servicios de salud con los servicios sociales y comunitarios, con la capacitación de los equipos multidisciplinarios de salud (EMS) en geriatría y gerontología para una mejor atención de las personas mayores.
En segundo lugar, crear un Sistema Nacional de Cuidados de manera gradual, sobre la estructura de la RIS, para construir consensos, aprender de la experiencia, y demostrar la viabilidad del sistema de cuidado, al interior de los Consejos Nacional, Regional y provincial, sobre todo, en los Comités Distritales de Salud. El aspecto distintivo es la implementación de las fichas que describen los productos situacionales del cuidado, en especial del adulto mayor, de la Política Multisectorial de Salud, Perú, País Saludable al 2030.
En tercer lugar, incorporar el cuidado en la agenda de gobierno regional y local, debido a que tienen un rol fundamental en la provisión de servicios y en la organización del cuidado en sus territorios. Además, el reglamento de la RIS reconoce este rol al establecer que las autoridades regionales y locales participan en la gestión de los determinantes sociales de la salud. Se trata de profundizar su participación mediante la creación de programas regionales y locales de cuidado, financiados con recursos propios y con apoyo del gobierno nacional.
En cuarto lugar, el cuidado de las personas mayores requiere la participación de múltiples actores, como el Estado, el sector privado, las organizaciones comunitarias, y las familias. Las alianzas, incluso público-privadas (APP), entre estos actores pueden ser una vía efectiva para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. En ese sentido, el reglamento de las RIS ya contempla la integración de establecimientos privados y comunitarios a las redes. Es decir, se puede incorporar a organizaciones especializadas en el cuidado de personas mayores, como asilos, centros de día, y programas de atención domiciliaria. En quinto lugar, si es necesario impulsar una Ley Marco sobre el derecho del cuidado, sin caer en las observaciones acotadas por la Comisión, con la finalidad de establecer los derechos de las personas cuidadoras y de las personas en situación de dependencia y con definiciones de las responsabilidades del Estado en la promoción y garantía del cuidado.
El reglamento de las RIS ofrece una base sólida para avanzar en esta dirección, ya que reconoce la necesidad de una atención integral, incluye prestaciones sociales y económicas y establece mecanismos de articulación entre diferentes actores y niveles de gobierno. ¡Atentos a la exigencia de la demografía!
Por Herberth Cuba
