Abusos contra los pacientes y los médicos residentes
El 18 de abril del 2023, el jefe de Departamento de Especialidades Médicas del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mediante nota informativa, señaló la “necesidad de personal de residentado médico para la demanda de atención de emergencia mientras no se realice el Concurso de Residentado Médico 2023”. Aunque la redacción no es la mejor, da cuenta de la falta de médicos contratados para que atiendan en las emergencias y para otros servicios hospitalarios en plazas que usualmente son cubiertas por profesionales durante su proceso de capacitación para obtener el título de médico especialista.
Es decir, los médicos residentes tienen una doble condición. Por un lado, trabajan como contratados a plazo fijo, por un periodo de tres, cuatro o más años, según la duración de la especialidad médica escogida. Estos contratos laborales, se realizan bajo la modalidad del régimen del DL 276 con las remuneraciones (compensaciones, entregas económicas, guardias, alimentos, uniformes y otros) del DL 1153, en los hospitales que pertenecen al Minsa, a los gobiernos regionales, a la Sanidad Policial y a las tres sanidades militares, así como al Instituto de Medicina Legal. Asimismo, los contratos laborales en EsSalud o las clínicas privadas se realizan bajo el régimen del DL 728, con todos sus beneficios laborales. En ambos casos se rigen también por la Ley de Trabajo Médico (DL 559). Por otro lado, los médicos residentes son estudiantes de especialidad en las universidades, por tanto tienen un programa académico y horarios estrictos.
Para regular esa doble condición de trabajador-estudiante, se promulgó la Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (Ley 30453), que señala cuales son los derechos de los médicos residentes en esa doble condición. Por ejemplo, en el artículo 19 inciso 6) señala el derecho a “no ser cambiado de colocación, ni asignado a otras funciones diferentes a las de su programa, y que interfiera con su formación de médico residente, salvo en los casos de desplazamiento por declaratoria de emergencia nacional o emergencia sanitaria, lo cual es considerado como parte de las rotaciones de su programa de formación”. En el inciso 4) del mismo artículo señala que tiene el derecho de “percibir según corresponda las compensaciones y entregas económicas conforme lo establecido en el Decreto Legislativo 1153 o aquellos derechos laborales propio del régimen laboral del financiador de la vacante” (DL 276 o DL 728), entre otros. También hay que considerar, que, debido a la importancia y la necesidad de la formación de nuevos médicos especialistas, el propio ministro de Salud preside el Sistema Nacional de Residentado Médico. Sin embargo, se han desentendido o han tenido un trato negligente, por tanto, ahora se manifiestan serias secuelas negativas.
Un primer aspecto es que la Ley 30453, señala que “el Ministerio de Salud efectuará los estudios de déficits de médicos especialistas que sustenten las gestiones necesarias para el incremento progresivo de vacantes o plazas, priorizando las regiones con mayor déficit de especialistas, hasta el cierre de las brechas correspondientes”. Sin embargo, a pesar de que esta Ley se ha promulgado el 20 de mayo del 2016, hasta la fecha, no ha habido un incremento de plazas y peor aún, ha tenido como secuela que las brechas de necesidades de especialistas han aumentado, más aún, en las regiones, que tradicionalmente, tienen escasez o ausencia de médicos especialistas.
Un segundo aspecto, es que la Ley 30453 otorga derechos laborales, mediante contratos a plazo fijo, tal como ya ha sido reseñado, sin embargo, a partir del 23 de febrero del 2022, mediante una Resolución Directoral 152-2022-OGGRH/Minsa, durante el gobierno de Pedro Castillo y del ministro Hernán Condori, recortó este derecho laboral como trabajadores contratados a plazo fijo para incluirlos en los programas de formación de los recursos humanos del Ministerio de Salud. Ese cambio, implica, por ejemplo, que los médicos que trabajan en los hospitales y hacen guardias, no tengan derecho a alimentación o el pago correspondiente, por trabajo prolongado, de riesgo y alto estrés. Incluye, los derechos a vacaciones, a feriados, aguinaldo y bonificaciones, incluso, uniformes. Es decir, eliminaron la doble condición de trabajador-estudiante, en clara violación de la Ley 30453. Por tanto, esta secuela negativa debe corregirse y, como es obvio, esa mala resolución directoral debe ser derogada y restituidos los derechos laborales de los médicos residentes.
Un tercer aspecto, es que los concursos para ocupar plazas en el Residentado Médico se realizan una vez al año, en el mes de junio. En ese sentido, los nuevos médicos que han logrado ocupar plaza de Residentado inician sus labores y estudiso desde el primer día del mes de julio. Sin embargo, la exministra Rosa Gutiérrez pretendió, sin éxito, modificar el Sistema Nacional de Residentado Médico, y en lugar de hacer las correcciones en paralelo, suspendió el proceso de admisión (concurso) hasta que se promulgue una nueva ley, que no ocurrió. En ese contexto, reprogramó el examen de admisión que debió realizarse en junio de este año para el 9 de setiembre; en consecuencia, los nuevos médicos residentes empezarán a laborar recién a partir del primero de octubre del 2023. Es decir, ya no empezarán el primero de julio como es usual, por tanto, los meses de julio, agosto y setiembre faltarán médicos, para atender las emergencias y otros servicios de los hospitales. Para entender la magnitud de la escasez, solo hay que precisar que este año hay 3046 plazas vacantes que serán cubiertas mediante concurso. Esa es la cantidad de médicos que faltarán desde julio hasta octubre en todo el país.
Esta secuela negativa de una negligente decisión ha sido expresada en la nota informativa del Hospital Arzobispo Loayza antes aludida con toda crudeza. En ese sentido, la escasez de médicos generada por una mala decisión determina una omisión de socorro para los pacientes que acuden a las emergencias o su exposición innecesaria y negligente a peligro, e incluso a la muerte. Además, se han violado, también, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la Constitución Política del Estado.
Además, la solución que ha planteado el funcionario del Hospital Arzobispo Loayza, al obligar a los médicos residentes a efectuar guardias hospitalarias que colisionan con la programación académica y el régimen laboral, es abusiva y violatoria de sus derechos. La solución, debería ser resuelta con la contratación adicional de los médicos residentes que han egresado este mes de junio, hasta fines de septiembre, para cubrir o cerrar la brecha insatisfecha de médicos originada por la negligencia ministerial. ¡Alto al abuso contra los enfermos y sus médicos!
