Desburocratizar, destrabar y transformar
El gobierno del presidente PPK sufre, desde el inicio, de una crisis persistente de expectativas. Ha hecho bien en realizar una autocrítica de su apreciación inicial sobre la magnitud del impacto de El Niño costero y del caso Lava Jato. Aunque esas autocríticas parecen insuficientes, porque las expectativas de grandes sectores sociales sobrepasan ambos aspectos y amenazan con jaquear la gobernabilidad democrática de nuestro país.
La polarización política ha atizado esa tendencia, pues tiene el ingrediente adicional de la crisis de las instituciones gubernamentales. El descrédito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial pone en tela de juicio la representación democrática de nuestro país. Algunos analistas resaltan en modo equivocado que la polarización política es el resultado de la polarización social, además del descrédito de los partidos políticos. Arguyen que la población percibe que el gobierno de PPK ha gobernado a favor de los sectores pudientes de nuestro país. Y claro, en ese escenario, nos encontraríamos ad portas de una irrupción popular.
Al contrario, el legado del lustro humalista ha significado la inoperancia de las instituciones gubernamentales, crecimiento de la burocracia, trabas a la inversión pública y privada, y reordenamiento económico hacia modelos mercantilistas ya superados. Las ideas del gobierno de PPK están claras: desburocratizar, destrabar y transformar. Sin embargo, la tarea del gobierno es difícil. Una cosa es el diagnóstico de intervención y otra hacerlo. Los agoreros de la polarización social ponen su cuota de miedo.
Es el miedo que infunden, por ejemplo, al Ministerio de Salud (Minsa). La aplicación de la Ley 30526 que, por iniciativa del Congreso de la República, desactiva el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), las Direcciones de Salud (Disas) de Lima Metropolitana, redes y microrredes de salud. Todo esto ha significado ahorro y la transferencia de estos fondos, que antes estaban destinados a pagar burocracia, para pagar la cuantiosa deuda que se mantenía al Seguro Integral de Salud (SIS) y a los establecimientos de salud de todo el territorio nacional. Es decir, se ha transferido fondos para resolver, de modo directo, los problemas de salud de la gente. Claro, la desactivación toma tiempo debido a los vericuetos administrativos y el gasto del dinero ahorrado, por la misma razón.
No existe sector gubernamental que haya emprendido en modo tan ambicioso el proceso de desburocratización. El proceso de saneamiento de las deudas heredadas desde el 2011 se realiza con dineros que provienen del ahorro; es decir, “raspando la olla”. En este acápite, es justo el reclamo de mayor presupuesto porque, a pesar del ahorro, lo asignado resulta insuficiente para cerrar las brechas de necesidades de salud de nuestra población.
Por otro lado, se promulgaron una serie de decretos legislativos para destrabar los procesos dependientes del sector salud. Algunos han sido derogados por el Congreso de la República y otros han sido ratificados. Sin embargo, las trabas que eliminaban los decretos legislativos derogado, deberían recibir un trato especial por parte de los congresistas. Enmendar los errores, agregarles su particular visión, pero insistir en destrabar. No es un triunfo derogar un decreto legislativo si no se aprueba la propuesta legislativa que elimina la traba. No hay que confundir la traba con los requisitos. La traba es traba.
Es necesaria la desactivación de la enorme burocracia. Destrabar los procesos para acercar el Estado al ciudadano significa transformar el sector salud. Significa replantear la función del Minsa, las regiones y el rol que juegan las instituciones de salud. Ese proceso de construcción del nuevo modelo de salud es complejo, requiere continuidad, tiempo y decisión política.
Es obvio que estos procesos serían vanos si no se enfrenta con fuerza el mercantilismo también en el sector salud. Es decir, el traspaso “corrupto” de fondos públicos al sector privado, bajo mecanismos ajenos al mercado. No basta fiscalizar, hacer campañas mediáticas o llamados a la ética, se necesita modificar las normas que permitieron ese “negociazo”, producto de la negligente inoperatividad de los servicios y equipos de los establecimientos de salud públicos.
Los agoreros de la polarización social impiden estas transformaciones, atizan conflictos y se alían a los mercantilistas. Impiden la toma de decisiones, quitan eficiencia y efectividad a la democracia, desvirtúan las acciones de gobierno para que la población no acepte estas decisiones e impiden el crecimiento, la justicia social y la democracia. Lo más grave, atizan las contradicciones entre los poderes del Estado. Es decir, ponen en riesgo la gobernabilidad democrática.
Luego de un año de gobierno es necesario que los demócratas cierren filas, los poderes del Estado complementen sus tareas y se emprendan las transformaciones que el país necesita y espera. Las expectativas no pueden ser defraudadas.
Herberth Cuba García
